La constructora brasileña Odebrecht defendió este sábado la legalidad de los contratos suscritos con la consultora Westfield Capital, del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, que han generado una crisis política en el país al llevar a la oposición en el Congreso a pedir la destitución del gobernante.
Los contratos, por unos 782.000 dólares, fueron abonados por Odebrecht entre 2004 y 2007, cuando Kuczynski era ministro en el Gobierno del ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006), por consultorías que el gobernante negó haber hecho en repetidas ocasiones hasta esta semana, cuando se conocieron los pagos.
Odebrecht respaldó las explicaciones ofrecidas por Kuczynski en un mensaje a la nación difundido el pasado jueves, donde el mandatario aseguró que, mientras era ministro, su consultora estaba a cargo del empresario chileno Gerardo Sepúlveda.
La empresa sostuvo que los contratos fueron legales y gestionados exclusivamente con Sepúlveda, por lo que no fueron remitidos a las Fiscalías de Perú y Brasil, pues el acuerdo de colaboración con estas autoridades se ciñe únicamente a actos ilícitos.
Accedió a enviarlos a la comisión parlamentaria que investiga el capítulo peruano del caso Lava Jato, la mayor trama de corrupción de la historia de Brasil, porque el documento no estaba sujeto a ninguna reserva al no estar dentro del acuerdo con las fiscalías.
Después de que el Congreso peruano aprobara el viernes la propuesta de debatir un pedido de destitución presidencial, Kuczynski permanece este sábado en silencio en su domicilio del distrito limeño de San Isidro, donde ha recibido a varios ministros y allegados.
El Congreso debatirá el próximo jueves su destitución por «incapacidad moral permanente», una figura que está contemplada en la Constitución y permite inhabilitar al jefe de Estado por hechos extraordinarios que no necesariamente incurren en delitos, como sucedió en el año 2000, cuando el ex presidente Alberto Fujimori renunció por fax desde Japón.
En el caso de Kuczynski, el Parlamento, dominado ampliamente por la oposición, y donde el fujimorismo tiene mayoría absoluta, se acogió a las repetidas veces que el mandatario negó vínculos con Odebrecht para considerar que «faltó a la verdad» y activar la moción para pedir su destitución.
Los legisladores también tuvieron en cuenta que Kuczynski se había rehusado a declarar ante la comisión Lava Jato por considerarla «un circo», y solo accedió a hacerlo cuando Odebrecht reveló los pagos a Westfield Capital, aunque para entonces el fujimorismo ya exigía su renuncia.
En su mensaje del jueves, Kuczynski anunció que no renunciaría a sus responsabilidades y rechazó las acusaciones que se le han hecho desde el Congreso.
Tras la gran crispación de los últimos días, Perú vive una tensa calma antes del inicio de una semana crucial y de gran incertidumbre, en la que prácticamente se hará una cuenta atrás de los días que le quedan a Kuczynski en el Palacio de Gobierno.
La posibilidad de que el Congreso apruebe su destitución es muy alta, pues el pedido fue admitido a trámite con 93 votos a favor, cuando bastan 86 para sacar a Kuczynski el jueves.
Si finalmente este pedido se concreta, en principio la Presidencia debería ser asumida por el primer vicepresidente, Martín Vizcarra, quien actualmente es embajador de Perú en Canadá.
Kuczynski se convertiría de esa manera en el primer presidente latinoamericano en perder su cargo por el caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción desatado en la región por los sobornos entregados por esa empresa para ganar millonarios contratos en obras públicas, además de financiar campañas electorales.
Las investigaciones de este caso en Perú implican a todos los predecesores de Kuczynski, desde Alejandro Toledo, con una orden de captura internacional por supuestamente recibir 20 millones de dólares en sobornos; a Alan García, investigado por dádivas en el Metro de Lima; y Ollanta Humala, en prisión preventiva por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales.
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