Un juez procesó este miércoles al expresidente argentino Mauricio Macri en una causa por presunto espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del submarino ARA «San Juan», hundido en 2017.
Martín Bava, juez federal de la localidad bonaerense de Dolores, adoptó la decisión.
Además de procesar sin prisión preventiva al exmandatario, Bava ordenó un embargo sobre los bienes de Macri por 100 millones de pesos (unos 943.000 dólares). También le prohibió salir del país y ausentarse de su domicilio por más de diez días.
Influencia en la situación del país
En un fallo de 171 páginas, el juez resolvió procesar a Macri por encontrarlo «prima facie» (en primera instancia) «penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor, en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal, generado las condiciones para que se pudieran llevar a cabo, almacenado y utilizado datos sobre personas» por el solo hecho de sus acciones privadas, sus opiniones y por la actividad lícitas que desarrollaban.
También le procesó por «haber pretendido influir en la situación institucional y política del país», en concurso «con el delito de abuso de autoridad de funcionario público en carácter de autor».
El juez determinó que la prohibición de salir del país se haga efectiva una vez que Macri, que viajó a Chile, regrese a Argentina.
Presunto espionaje
El presunto espionaje, realizado entre diciembre de 2017 y finales de 2018, habría apuntado, según la investigación judicial, a obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los 44 tripulantes del ARA «San Juan», el submarino de la Armada argentina desaparecido en noviembre de 2017 y hallado hundido un año después.
«Esas acciones buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento del referido submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno», señala el auto de procesamiento difundido este miércoles.
Según el juez, «todas estas tareas de inteligencia ilegal no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional».
Para el juez, esas acciones «se realizaron con el único objeto de influir en la opinión pública y en el normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda política de ese año que, según los criterios preestablecidos, podían afectar a la gestión del entonces gobierno que el imputado encabezaba».
Macri, quien ha negado las acusaciones, presentó un escrito al acudir a la citación judicial para prestar declaración indagatoria en esta causa el pasado 3 de noviembre
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