La Organización de los Estados Americanos (OEA) analizó hoy si en la Justicia venezolana hay o no un patrón de parcialidad al servicio del gobierno de Nicolás Maduro. El organismo abordó el tema en su sede en Washington, durante en la tercera ronda de audiencias públicas sobre los posibles crímenes en contra de la humanidad cometidos en el país.
Cinco personas relevantes para el estudio del caso plantearon diversas denuncias, entre ellos la jueza que emitió la orden de privación de libertad del líder opositor Leopoldo López.
Ralenis Tovar, ex jueza del Área Metropolitana de Caracas, que intervino a través de Skype, desde Canadá, dijo que firmó la orden judicial por miedo a salir presa y a sentirse amedrentada.
“Entonces era madre sola con una niña de 15 años, eso me llevó a firmar esa orden judicial”, indicó.
Aseguró que en Venezuela existe un patrón de intimidación a los jueces de forma amplia y sistemática: “intimidan constantemente”, expresó.
En su opinión, la justicia de Venezuela se ha convertido en un poder totalmente complaciente a los caprichos del Ejecutivo nacional.
Ese punto de vista lo comparte Pedro Troconis, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia designado por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, cuyos miembros están desde entonces perseguidos por el gobierno.
“En 2015 una Asamblea Nacional en salida eligió en escasos 15 días a un grupo de magistrados y dejaron de cumplir ciertos pasos para la correcta elección de esos jueces”, argumentó en su intervención.
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