Un juez federal ordenó este viernes devolver el pasaporte al ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, documento que le había sido retenido desde la semana pasada por una decisión judicial.
Lula fue condenado a 12 años de cárcel por corrupción, se vio obligado a entregar su pasaporte, en cumplimiento de una orden dictada por un juez de Brasilia que alertó sobre la posibilidad de que el ex presidente no volviera al país tras un viaje que tenía planeado hacer a Etiopía.
El documento fue entregado por la defensa de Lula a la Policía Federal el pasado 26 de enero, lo que impidió que el ex mandatario participara en un evento sobre el combate al hambre en el mundo convocado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Adis Abeba, en el marco de una Cumbre de la Unión Africana.
El juez Bruno Apolinário, del Tribunal Regional Federal da Primera Región (TRF1), derribó este viernes la decisión tomada por el magistrado de Brasilia y señaló que la confiscación del documento no tiene base de sustentación.
De acuerdo con Apolinário, «no hay como concluir» que Lula »pretendiese huir del país con la finalidad de frustrar la aplicación» de la ley.
Para el magistrado del TRF1, la salida de Lula del país «estaba justificada por un compromiso profesional previamente marcado», lo que, a su juicio, no causaría ningún trastorno en las acciones penales» a las que responde en la justicia.
Lula fue condenado el pasado 24 de enero por un tribunal de segunda instancia, que ratificó y elevó su pena a 12 años de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero en un caso relacionado con la trama de corrupción de Petrobras.
Los jueces fueron unánimes al concluir que quedó comprobado que Lula recibió el derecho a disfrutar de un apartamento en la playa de Guarujá como soborno de la constructora OAS por el favorecimiento en contratos con Petrobras.
Además de la condena, el ex mandatario tiene otros seis procesos abiertos en la justicia, la mayoría de ellos por corrupción.
No obstante, a pesar de su cada vez más complicada situación jurídica, el Partido de los Trabajadores (PT) ratificó recientemente a Lula como su candidato a presidente para las elecciones de octubre próximo.
El futuro de esa proclamación, sin embargo, está en manos de los tribunales, pues las leyes brasileñas impiden que una persona que ha sido condenada en segunda instancia postule a un cargo electivo.
Más allá de la posibilidad de que su candidatura sea rechazada, Lula también corre el riesgo de que el tribunal de segunda instancia que ratificó su condena decida ejecutar la pena una vez agotados las apelaciones que su defensa puede presentar ante esa misma corte.