La Fiscalía de Chile investiga como presunto homicidio la muerte de la fotoperiodista Albertina Martínez Burgos, de 38 años de edad, trabajadora del canal Mega, que fue hallada muerta en su departamento en el centro de Santiago el jueves en la tarde.
Martínez Burgos registraba con su cámara la represión y los abusos de los carabineros hacia mujeres comunicadoras durante las protestas contra el gobierno de Sebastián Piñera, según medios chilenos.
La fotógrafa free lance se desempeñaba en Mega como asistente de iluminación.
La profesional perdió contacto con su pareja hace dos días, se acuerdo con 24Horas.cl. Este le pidió a su madre que acudiera hasta el departamento de Albertina y al no tener respuesta solicitó un servicio de cerrajería con el cual logró ingresar al domicilio en donde encontró el cuerpo de la mujer.
“Claramente estamos investigando un presunto homicidio”, aseguró la fiscal Débora Quintana.
“Me entrevisté con los familiares directos que serían el pololo (pareja) y la suegra de la víctima. Están en calidad de testigos porque fueron los denunciantes y es una investigación en curso”, agregó.
Material fotográfico desaparecido
Todo el material fotográfico que Albertina Martínez Burgos tomó de las manifestaciones desapareció, así como artículos de valor.
El movimiento feminista “Ni una menos” condenó la muerte de Martínez en sus redes sociales.
“Albertina Martínez Burgos, fotógrafa de 38 años de edad, fue encontrada muerta en extrañas circunstancias en su departamento ubicado en Santiago Centro. Albertina estaba documentando la situación en Chile y participaba activamente como fotógrafa en las manifestaciones. Documentó la violencia hacia las mujeres periodistas y comunicadoras. Exigimos que se aclaren las causas de su muerte, sin dejar de mencionar que ni su computador ni cámara estaban en su departamento al momento de ser encontrada sin vida. No olvidemos su nombre, no olvidemos su rostro”, dijo en Instagram.
Castigar a los manifestantes
Las serias y graves violaciones a los derechos humanos en Chile buscan castigar a los manifestantes, denunció el jueves una misión de Amnistía Internacional.
La ONG denunció graves violaciones a los derechos humanos, en un informe elaborado luego de 20 días de observación en terreno. Destacó el uso de armamento militar en las represiones de las manifestaciones pacíficas, torturas, abusos sexuales, lesiones oculares por uso de armas antidisturbios y letales o por el mal uso de bombas lacrimógenas.
Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró que durante la vigencia de un estado de emergencia en octubre, y luego la policía, “han llevado a cabo ataques generalizados en contra de la población, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar aquellas personas que valientemente continúan en las calles ejerciendo sus derechos de la libertad de expresión y la asamblea pacífica”.
El informe de Amnistía Internacional afirma que el Ejército usó al menos en cuatro ocasiones el uso de rifles GALIC ACE y FAMAE SG 540 semiautomático y pistolas de mano semiautomáticas con munición letal. En algunos casos las policías de investigaciones y uniformada también utilizaron munición letal.
Pilar San Martín, especialista del equipo de crisis, indicó que en las decenas de casos documentados por la organización, “ninguna de las personas estaba ejerciendo ningún tipo de violencia al momento de ser lesionada o ser matada”.
El autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos afirma que desde el 18 de octubre han muerto 26 personas en el ámbito de las protestas y más de 2.300 fueron lesionadas, de las cuales más de 1.400 fueron heridas por perdigones o balines.
El Colegio Médico afirma que 287 presentan un trauma ocular severo. La Fiscalía registra más de 1.100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos. Según cifras policiales aproximadamente 1.300 funcionarios fueron heridos, 105 de ellos con lesiones graves.