La fiscalía de Perú informó este jueves que investigará al presidente Pedro Castillo por el presunto delito contra la administración de justicia y encubrimiento personal tras las sorpresivas imputaciones lanzadas por un ministro cesado en el cargo.
«La Fiscal de la Nación dispuso iniciar investigación al presidente de la República, Pedro Castillo, por presunto delito contra la Administración de Justicia- Encubrimiento Personal», anunció vía Twitter la fiscalía.
La causa se abre luego de declaraciones del saliente ministro del Interior, Mariano González, despedido del cargo a través de un tuit por el presidente el lunes en la noche.
Tras su destitución, González exhortó el miércoles al Congreso a separar del cargo a Castillo por considerar que obstruye la justicia y protege a miembros de su entorno prófugos por presunta corrupción.
González, que llevaba 15 días en el cargo, aseguró que su cese está vinculado a una decisión de Castillo de proteger a su entorno investigado por la justicia.
«No tengo dudas de que esta salida abrupta tiene que ver con obstruir la administración de justicia», dijo a la prensa. «Creo que por el esclarecimiento de la verdad y por el país el señor (Castillo) debería someterse a la justicia».
La remoción se produjo horas después de que el ministro anunciara la formación de un equipo especial de la policía para capturar a tres integrantes del entorno presidencial investigados por la fiscalía por corrupción, quienes se encuentran prófugos desde junio.
Castillo, que este 28 de julio cumplirá un año en el cargo, también es investigado junto con sus tres excolaboradores por esta causa.
Los tres prófugos son un exministro, un sobrino que fungía de asesor del mandatario y un exsecretario de la presidencia, todos miembros del entorno de Castillo desde el inicio de su gobierno.
La fiscalía investiga al presidente en otras dos causas por presunto tráfico de influencias en un expediente de ascensos militares, y en una causa de supuesta corrupción y colusión agravada por una obra pública.
Sin embargo, no puede llevarlo ante la justicia porque tiene inmunidad como jefe de Estado hasta el fin de su mandato en julio de 2026.