Un panel de juristas independientes determinará en octubre si hay base para que algún Estado miembro de la OEA denuncie al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y otras autoridades del país ante la Corte Penal Internacional (CPI).
La Organización de los Estados Americanos (OEA) no puede enviar un caso al tribunal de La Haya como institución, pero sí cualquiera de los 28 Estados miembros del organismo que son parte también del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de esa corte.
En los 15 años de la CPI, ningún Estado del mundo ha denunciado a otro, por lo que sería histórico que alguno de los países americanos lo hiciera ahora con Venezuela.
«Esta puede ser la primera vez en la historia de la CPI que un Estado refiere a otro Estado a la corte pero, para eso, este trabajo es fundamental, ningún Estado lo va a hacer si no hay un dictamen de los expertos que diga hay que hacerlo», explica a Efe Luis Moreno Ocampo, el primer fiscal jefe de la CPI (2003-2012).
El abogado argentino está a cargo de las audiencias que comenzaron esta semana en la OEA para recabar información sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
La Secretaría General de la OEA, que encabeza el excanciller uruguayo Luis Almagro, elaborará un informe con el contenido de las cuatro sesiones y el material enviado por 50 organizaciones.
Sobre la base de ese documento, el panel de expertos determinará si hay o no fundamento para llevar el caso a la CPI.
«Si este proceso que se abre en la OEA sirve para hacer incidencia en algún país o países para que denuncien a Venezuela, ese sería el gran éxito de estos foros», indica a Efe Carlos Ponce, director para Latinoamérica de Freedom House, organización independiente que promueve la democracia y la libertad en el mundo.
Si ningún país diera ese paso, Almagro podría simplemente «enviar la información», como ya han hecho senadores de Colombia, Chile, Perú y Argentina, quienes declararán en las audiencias de la OEA de octubre.
«Lo que pasa es que eso no abre una investigación, eso permite a la fiscal (de la CPI) actuar de oficio, pero un Estado que lo envía abre una investigación casi automáticamente», explica Moreno Ocampo.
Es decir, si lo hacen uno o varios Estados, tendría más impacto, ya que no se trataría de una mera «comunicación» (algo que puede presentar cualquier persona o institución) sino de una «referencia» (exclusivas del Consejo de Seguridad de la ONU y de los Estados parte del Estatuto de Roma).
Por el momento ningún Estado americano ha expresado su voluntad de denunciar a Venezuela en La Haya y la mayoría de las delegaciones de la OEA han dado una acogida cuanto menos fría a las audiencias, una iniciativa de Almagro y no de los países miembros.
En las dos audiencias celebradas esta semana en la sede de la OEA en Washington apenas se vieron embajadores titulares y la mayor parte del tiempo la mitad de las sillas de los 34 Estados miembros activos (Cuba no participa) estuvieron vacías.
«Eso es normal, están esperando, hay unas 14, 15 delegaciones», apunta Moreno Ocampo, que resta importancia al hecho de que ningún embajador respondiera a su invitación de hacer preguntas a los denunciantes en las sesiones.
Venezuela, que recibió la misma convocatoria que el resto de misiones, no acudirá a ninguna audiencia porque no quiere «validar» una actividad que considera «ilegal», según explicaron fuentes de esa legación a Efe.
Los representantes venezolanos pidieron que se aclare cómo se financia la actividad, a lo que la Secretaría General de la OEA respondió que se trata de «fondos externos y voluntarios» que se detallarán al término de las audiencias.
El país que más ha apoyado esta iniciativa públicamente es Canadá, incluso con un comunicado de su ministra de Exteriores, Chrystia Freeland.
Además, junto a Costa Rica (cuyo embajador estuvo en las dos audiencias) y Argentina, dio el beneplácito al nombramiento de un ciudadano del país como experto del panel sobre Venezuela.
El grupo lo integran el exministro de Justicia de Canadá Irwin Cotler; el argentino Santiago Cantón, ex secretario ejecutivo de la CIDH, y el costarricense Manuel Ventura Robles, exjuez de la CorteIDH.
Ellos dirimirán si hay base para que la CPI investigue crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Según el Estatuto de Roma, se considera «crimen de lesa humanidad» hechos como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, tortura, encarcelamiento o violación siempre que se cometan «como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque».