El fiscal general de la nación, Pablo Sánchez, anunció que la acusación por lavado de activos contra el ex presidente peruano Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, detenidos desde julio pasado, será presentada en diciembre.
“Este es un caso de lo que ve el doctor Germán Juárez, que está culminando unas diligencias de probación, que es una pericia que se necesita”, dijo Sánchez en una entrevista con el programa Cuarto Poder.
El fiscal general agregó que “la defensa legal de los imputados también ha pedido diligencias, entonces para diciembre estamos mandando la acusación fiscal”.
Humala y Heredia fueron detenidos preventivamente el 14 de julio por orden del juez Richard Concepción bajo sospecha de haber recibido dinero de Venezuela y de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para sus campañas electorales de 2006 y 2011, respectivamente.
El ex presidente peruano será procesado en prisión, mientras que la Fiscalía también trabaja en el pedido de extradición contra el ex mandatario Alejandro Toledo por presuntamente haber solicitado un soborno de 20 millones de dólares a Odebrecht para adjudicarle la construcción de la carretera Interoceánica. El fiscal anticorrupción Hamilton Castro declaró que el requerimiento de extradición de Toledo estará en el despacho del juez de la investigación preparatoria antes de que termine este año, dado que la orden de detención contra el ex mandatario se dictó en febrero pasado.
Castro explicó que “si bien se habla de la ruta del dinero del soborno, nosotros hablamos de la ruta completa, porque existía un eslabón perdido que ya, a nivel probatorio, lo tenemos cerrado y bastante concreto”.
El fiscal del caso precisó que la solicitud de extradición a Estados Unidos, donde vive Toledo, no es un pedido cualquiera, pues debe cumplir con los estándares del ordenamiento jurídico procesal penal de ese país.
El fiscal Sánchez respondió a la denuncia del legislador fujimorista Daniel Salaverry por supuesta omisión funcional, que sí hay una investigación en curso contra las empresas vinculadas a Odebrecht, en los proyectos que llevaba a cabo en Perú.
Salaverry y la bancada fujimorista criticaron que la Fiscalía no haya presentado alguna denuncia formal contra las empresas relacionadas con Odebrecht, entre las cuales está la peruana Graña y Montero, con el argumento de que protegía a otros grupos de poder.