No obstante ser uno de los negociadores de paz e, incluso, uno de los elegidos para ocupar un escaño en el Congreso de la República tras la firma del acuerdo de paz, Jesús Santrich pasó a la historia como uno de los traidores del proceso. Santrich no solo tenía pendiente el caso por narcotráfico que envolvió su huida y regreso a las armas.
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El disidente, cuya muerte se produjo este lunes, según señalaron las mismas disidencias de las FARC en una página web, tenía cuatro requerimientos judiciales por los delitos de homicidio, lesiones, daño en bien ajeno, terrorismo, rebelión y secuestro.
Esos procesos, que estaban en la justicia ordinaria, habían quedado suspendidos tras la firma del acuerdo de paz, puesto que pasó a ser compareciente, como exguerrillero, ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
A estos cuatro delitos se suman una circular roja de Interpol y una solicitud de extradición a Estados Unidos por narcotráfico. El país norteamericano llegó a ofrecer una recompensa de 10 millones de dólares por Santrich.
Ese proceso por narcotráfico, que el guerrillero calificó como un “entrampamiento”, lo puso tras las rejas y creó una dura controversia entre los altos tribunales del país para definir quién era competente en el proceso.
El 9 de abril de 2018, Santrich fue capturado en el occidente de Bogotá por la Fiscalía, que lo acusaba de pertenecer a una organización de narcotráfico. La justicia de Estados Unidos lo solicitaba para que respondiera en juicio por, supuestamente, haber enviado droga después de someterse al proceso de paz.
Sin embargo, en mayo de 2019 la JEP le reconoció al exjefe disidente la garantía de no extradición y le ordenó al ente acusador tramitar su liberación. Según sostuvo la Sección de Revisión del tribunal de justicia transicional, las pruebas que le entregaron no permitían evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización.
Esta decisión fue cuestionada por el entonces fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien renunció a su cargo junto con su vicefiscal, María Paulina Riveros.
Estando en libertad, el 1 de julio de 2019, el disidente salió hacia el departamento de La Guajira, fronterizo con Venezuela. No se supo más de él hasta agosto de ese año, cuando apareció rearmado en un video.
Por esto fue expulsado de la JEP el 13 de septiembre de 2019. La Corte Suprema de Justicia continuó el estudio de la petición de extradición por narcotráfico y la Sala Penal de ese alto tribunal avaló, apenas el pasado 13 de mayo, el envío del disidente guerrillero a Estados Unidos.
La Sala Penal señaló que en caso de que Santrich fuera recapturado, ya se tendría su concepto favorable de extradición.