La principal hipótesis de los investigadores sobre la presencia del Boeing 747 con cinco tripulantes iraníes y 14 venezolanos es que estaban haciendo tareas de espionaje, “explorando rutas”, pero por ahora lo que tiene la Justicia para sostener esas sospechas son las inconsistencias que rodean al misterio de la aeronave, apenas indicios con información que falta terminar de reunir.
Después de todo, el juez federal Federico Villena y al fiscal Cecilia Incardona trabajan en la causa desde la noche del lunes pasado, menos de una semana, en los que se reunieron cinco cuerpos de un expediente que puso a la Argentina en medio del juego de intereses de la geopolítica global.
Los tripulantes demorados durante la lectura del acta en el hotel de Canning
Según pudo reconstruir La Nación, hasta ahora la investigación se basa en tres patas: la tripulación de cinco iraníes y 14 venezolanos; la carga, supuestamente solo butacas para la camioneta TAOS de Volkswagen; y el propio avión, precisaron fuentes judiciales.
Con respecto a la tripulación, está bastante acreditado en el expediente judicial que los aviadores iraníes venían instruyendo a los venezolanos, que habían recientemente adquirido el avión. En el procedimiento, de la madrugada del viernes para el sábado, se secuestraron de la aeronave cuadernos con anotaciones de los venezolanos sobre sus clases de vuelo.
Sin embargo, esta cobertura no obsta a que al amparo de esta actividad los tripulantes iraníes no estuvieran haciendo tareas de espionaje. De hecho, esa es la presunción de los investigadores, que estaban “probando rutas” para ingresar al país. La mirada está puesta en los iraníes, ya que a los servicios de inteligencia extranjeros, los venezolanos no les importan tanto.
“Haber parado el avión ya es un éxito”, se entusiasmó una fuente del caso pensando en la repercusión de este hecho para la comunidad de inteligencia. “El hecho de haber volado hasta aquí y aterrizado es suficiente para dar por probado que se podía hacer”, agregó, al completar el razonamiento de los investigadores.
Y arriesgó un dato: “Al revés de lo que se piensa, los controles funcionaron. El avión llega al país y se va a Uruguay porque hasta ahí era una operación de inteligencia controlada por agencias extranjeras de países aliados. Que siga viaje era conocido por las agencias, porque lo que es vital en el espionaje es recoger información de a dónde se dirigían y para qué”.
Oficiales de policía se paran en el Hotel Plaza Central durante una redada. (AP Foto/Gustavo Garello)
Estas expresiones no tienen una corroboración en el expediente judicial, pero es la información de inteligencia que rodea esta causa, donde se cruzan los dos mundos, el del espionaje (labil, lleno de dobleces, sin certificaciones) y el de los tribunales, donde la prueba debe corroborarse y certificarse.
Falta información de todos modos. Los informes recogidos en la causa judicial no corroboran hasta ahora que Ghamsemi Gholamreza sea un integrante de la Guardia Islámica Inslámica, Fuerza Quds. Hay informes de la AFI, por ejemplo, en el expediente que dicen que no es, dijo una fuente de la investigación. Se espera que lleguen informes que pidió la Cancillería a Estados Unidos y un informe que se pidió al FBI. Nada llegó aún, por lo que se puede demorar unos días más la definición sobre los tripulantes.
Con respecto a la tripulación, los investigadores peinaron la información de los celulares y tablets secuestrados. Los iraníes no solo los entregaron voluntariamente, sino que hasta dieron las claves para que se abran, dijo un investigador a La Nación. Por eso no sorprendió que no hubiera información trascendente a simple vista.
Sí, en cambio, en la última inspección realizada esta madrugada en el avión de 100 metros de largo, se decomisaron una tablet y además una notebook. Estos elementos no fueron aún abiertos. Los investigadores están optimistas porque “esos aparatos están vírgenes”, a diferencia de los otros teléfonos, notebooks y tablets. “Quedaron en el avión fajado, no pudieron alterar su contenido”, dijo la fuente.
Resta conocer los datos de la caja negra del avión -ya secuestrada- para precisar los parámetros del vuelo y las conversaciones de la cabina. En cuanto al avión, se trata de una aeronave antigua de la década del 80, un modelo mitad carguero, mitad de pasajeros, modificado para que sea de carga nada más. El aparato estaba discontinuado y es el único avión que tiene la empresa Emtrasur (filial de Conviasa, la empresa estatal venezolana).
Los investigadores señalaron que nadie reclamó por la tripulación venezolana. “Llama la atención que si la empresa tiene un solo avión no lo reclame, no se haya presentado en la causa considerando que lleva más de quince días retenido en la Argentina”, dijo la fuente, que así sumó otra inconsistencia al caso.
En cuanto a la carga, aún falta establecer cuánto pesaba en el origen, cuánto pesaba en el destino, si todos los bultos que salieron llegaron y se certificaron o si alguno fue descargado sin que quedara registro. Por ahora se sabe que la aeronave traía sillones para las SUV de Volkswaguen y que intervinieron tres empresas para traerlas desde México a la Argentina: la automotriz que encargó las piezas, una firma argentina que contrató a una mexicana, que contrató a la venezolana.
La Organización de las Naciones Unidas estableció estándares para la investigación de los casos de terrorismo. Más que punitivas, dice la ONU, las causas son preventivas, para evitar que se cometan actos terroristas. Esto es, no actuar de manera defensiva cuando la bomba ya explotó, sino preventivamente; en esa dirección se encamina la causa judicial por el avión sospechoso.
El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, a cargo del caso. Foto: Hernán Zenteno. La Nación
Por eso, la investigación se centra en establecer si la tripulación estaba en la Argentina con otro plan que no fuera traer los asientos de una camioneta. No hay evidencias concretas aún, solo inconsistencias y las alertas de las agencias de inteligencia internacional.
En 1985 el jurista alemán Günter Jakobs acuñó el concepto del derecho penal del enemigo, que castiga no la conducta, sino la peligrosidad. Y lo retomó tras analizar el ataque alas Torres Gemelas. El derecho penal del ciudadano mantiene la vigencia de la norma, en tanto que el derecho penal del enemigo combate peligros. El enemigo delinque por principio. El individuo pierde su status de ciudadano y se transforma en enemigo, porque quien no admite entrar en un estado de ciudadanía, no puede participar de los beneficios que asigna este estado y pierde sus garantías.
“El Estado hará con el enemigo ‘lo que hay que hacer”. La cita está incluida en el papel reciente publicado por el juez Villena. Allí señala que el análisis de la situación del derecho penal del profesor Jakobs, efectuado hace 37 años, sigue vigente.
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