Durante unas dos horas, los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada fueron vistos a unas cuantas cuadras de sus despachos del Consejo Nacional Electoral (CNE), el martes pasado, definiendo el plan metodológico de una investigación que tiene dividido a ese organismo.
Tras un pulso interno, Ortiz y Prada se quedaron como cabezas de la investigación a las cuentas de la campaña Petro Presidente, una contabilidad que si bien estaba siendo verificada, volvió a cobrar relevancia tras la filtración de un par de audios del saliente embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti.
En medio de su pelea con Laura Sarabia, entonces jefa de Gabinete del Gobierno, Benedetti se refirió a la consecución de votos, de 15.000 millones de pesos para la campaña y de reuniones que él cuadró.
“Les conseguí 15.000 millones de barras (…) si no es por mí, no ganan”, dice en uno de los audios.
Todo indica que el saliente diplomático –que conservará su fuero hasta el 19 de julio, tras una decisión atípica de la Cancillería– será citado a finales de julio por el CNE.
“El señor presidente Gustavo Petro ya se notificó de la indagación a través de apoderado; al igual que el doctor Ricardo Roa, exgerente de su campaña a la Presidencia y hoy presidente de Ecopetrol”, le dijo a El Tiempo un asesor del CNE.
La auditoría
Benedetti ya asistió, el 23 de junio, a una primera diligencia penal sobre el caso. Pero le dijo al fiscal delegado Gabriel Jaimes (a quien le correspondió su caso)que no podía declarar aún por amenazas contra su vida, que ya están siendo indagadas.
Pero investigadores empezaron a avanzar en otras líneas dentro del mismo caso que obedecen a 5 quejas interpuestas contra la campaña Petro Presidente ante el mismo CNE y ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
Dos de estas hacen referencia directa a los hallazgos de una auditoría externa, hecha por la firma Nexia Montes & Asociados, que El Tiempo reveló en exclusiva en marzo pasado. Este diario estableció cómo Roa y el auditor de la campaña, Juan Carlos Lemus Gómez, tuvieron que entrar a subsanar decenas de hallazgos contables que incluían hasta la violación de topes por el pago de una factura para la seguridad del candidato, que luego fue corregida.
Lo que se quiere establecer ahora es si la subsanación contable que hicieron de esos hallazgos, que incluyó el cambio de facturas, tiene el mismo peso probatorio en el campo penal en donde la violación de topes es considerada un delito desde 2017.
Nexia y los hallazgos
“Se indaga si es cierto que la firma Nexia Montes & Asociados subcontrató parte de la revisión a las cuentas en primera y segunda vuelta y si hay un informe más extenso sobre esos hallazgos”, explicó el asesor del CNE.
Aunque en marzo el CNE no le entregó a El Tiempo los informes de Nexia, este diario obtuvo las auditorías de ambas vueltas en las que se hicieron decenas de observaciones sobre las cuentas.
La auditoría reportó varios “errores involuntarios” con el pago de facturas que se están chequeando de nuevo. Dentro de los reportes de propaganda electoral se evidenció, por ejemplo, un pago de 1.281 millones de pesos a Colombia Humana. No obstante, no se aclaró bajo qué concepto.
Otro hallazgo hace referencia a una actividad en el Hotel Tequendama, el 28 de mayo del 2022. Hay una transferencia por 11’651.750 pesos y otro pago a una persona natural por cerca de 800.000 pesos. Pero la cuenta de cobro en mención no se canceló. Tampoco no se registró ni en el portal de Cuentas Claras ni en la contabilidad de la campaña.
En la segunda vuelta –donde los focos están más concentrados– se preguntó por el evento del cierre de campaña. El valor facturado, dice el informe, no coincide con el contratado. El desfase fue de cerca de 100 millones de pesos sin que haya la debida explicación.
Dentro del informe también se habla de un registro por valor 1.135’584.111 pesos. Este monto fue reportado como obligación pendiente de pago al partido Colombia Humana sin que se explique.
Y el hallazgo más llamativo –revelado por EL TIEMPO– se concentra en el pago de la seguridad personal del entonces candidato.
En este caso se contrató la empresa Seguridad Privada y Vigilancia Olimpo Seguridad Ltda., por 77’318.000 pesos. Pero, según el informe, con este valor la campaña sobrepasó los topes legales en más de 19 millones de pesos. Posteriormente, el gerente Roa ajustó el costo del contrato a 38’659.000 pesos, por la reducción de la seguridad.
Roa ha sido enfático en que todos los hallazgos se subsanaron a satisfacción; así como en que no recibió un solo peso de Benedetti, aunque hubo intentos, dijo. En cualquier caso, se da por descontado que la Fiscalía solicite la auditoría a las cuentas de campaña y la manera en que se subsanaron.
El Tiempo contactó a Nexia para saber si ya fueron citados por la Fiscalía o por el CNE y si subcontrataron parte del informe. Sin embargo, dijeron que la consulta se debía elevar por correo, que al cierre de esta edición no habían contestado.
El otro expediente
También se llamó a Dagoberto Quiroga, representante legal de la coalición Pacto Histórico, para preguntarle por los aportes mencionados en la auditoría. Indicó que «la persona idónea para resolver las preguntas sobre las cuentas de campaña es la Gerencia de la campaña».
El Tiempo estableció que los magistrados investigadores también revisan los procedimientos usados para acumular las diferentes quejas contra la campaña Petro para blindarla de nulidades.
“Ese expediente y el de la posible multa al Partido Liberal tienen divididos a los magistrados”, explicó una fuente interna.
Y agregó que sobre este último caso, una vez se resuelva la recusación que el partido le hizo a Fabiola Márquez (Pacto Histórico) –la magistrada ponente de la resolución de sanción–, se podría acudir a conjueces para conseguir una votación calificada y hundir o seguir adelante con el castigo administrativo. De quedar en firme, este podría incluso afectar la expedición de avales liberales de cara a las elecciones de octubre.
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