El gobierno de Italia prohibió durante dos meses que las empresas puedan despedir a sus empleados por motivos económicos. La medida se tomó por las consecuencias derivadas de la situación de emergencia por la crisis del coronavirus.
El Ministerio de Trabajo italiano informó este martes en su página web que esta es una de las acciones incluidas en el decreto ley que impulsó el Ejecutivo. Son ayudas hasta de 25.000 millones de euros, que movilizan recursos por valor hasta 350.000 millones.
El decreto aún no es conocido por los medios. Sin embargo, el gobierno explicó en un comunicado algunas de las medidas. La información fue enviada el martes.
El Ministerio de Trabajo señala que se suspenden los despidos por motivos económicos. Esta medida es desde el 23 de febrero y durante 60 días, con independencia de la cantidad de empleados a su cargo.
Sí estarán permitidos, sin embargo, los despidos por motivos disciplinarios, dijeron a EFE fuentes de este ministerio.
Bonos mensuales de 600 euros
Nunzia Catalfo, ministra de Trabajo, explicó este lunes que de estos 25.000 millones, un total de 10.000 millones irá destinado a ayudas al empleo.
En este sentido, se estipulan bonos mensuales de 600 euros exentos de impuestos a autónomos que hayan perdido su trabajo. Además, se concederán permisos parentales de 2 semanas, con la mitad del sueldo asegurado, para aquellos padres que tengan hijos de hasta 12 años o con discapacidades graves.
Para disfrutar de este permiso, sin embargo, el otro progenitor tiene que estar trabajando, no puede ser desempleado o beneficiario de otra medida de apoyo a los ingresos.
Alternativamente, el gobierno otorgará prestaciones para la contratación de niñeras hasta 600 euros, cantidad que ascenderá a los 1.000 euros en el caso del personal sanitario o de las fuerzas del orden.
«Renta de Ciudadanía»
El decreto también se refiere a las personas que disfrutan de la llamada «Renta de Ciudadanía», impulsada por el gubernamental Movimiento 5 Estrellas, una especie de subsidio al desempleo y contra la exclusión social.
Estas personas podrán seguir recibiendo esta ayuda y estarán excluidas durante dos meses de la obligación de disponibilidad inmediata para trabajar
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