Representantes del movimiento indígena de Ecuador ofrecieron este martes testimonios ante la CIDH sobre vulneración de derechos y presuntos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad durante las protestas entre el 3 y el 13 de octubre.
Decenas de campesinos, algunos con bastones o tapado el rostro con vendas terapéuticas, acudieron este martes en la tarde a la sede de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Conaie, para presentar sus denuncias a una misión técnica de la CIDH que visita Ecuador.
A puerta cerrada
La chilena Antonia Urrejola, junto con un equipo de la CIDH, se encuentra en Quito para recabar informaciones sobre la situación de los derechos humanos durante las protestas de principios de octubre, encabezadas por el movimiento indígena contra la eliminación del subsidio a las gasolinas, que no prosperó por la presión social.
La reunión entre el colectivo indígena y los comisionados se desarrolló a puerta cerrada y la prensa sólo tuvo acceso al inicio del encuentro, cuando las partes intercambiaron saludos.
“Se desarrolla la reunión entre los comisionados de CIDH, la Conaie, movimiento indígena y personas afectadas, familiares de heridos y criminalizados”, informó el colectivo indígena en su cuenta de Twitter.
En la cita se expusieron los “casos y testimonios de vulneración de los derechos humanos en el contexto de la movilización nacional de octubre”, añadió sin dar más detalles.
El presidente de Conaie, Jaime Vargas, palentó a las bases indígenas a no ceder en la defensa de los derechos de la población.
Apoyo
Vargas aseguró que ante los organismos de derechos humanos que visitan el país, la Conaie apoyará a “toda la gente que luchó en defensa de los grandes intereses del pueblo”.
El líder indígena también destacó su apoyo a los llamados medios de información comunitarios porque, según dijo, “también han sido violentados en este proceso».
La Conaie y otras organizaciones sociales han denunciado supuestos excesos y abusos cometidos por las fuerzas del orden durante las manifestaciones de protesta, que concluyeron con 8 personas muertas, 1.300 heridas y más de 1.000 de detenidas, según cifras de la Defensoría de Pueblo.
El gobierno asegura que detrás de las protestas se escondieron supuestos intereses políticos externos que buscaban desestabilizar a la democracia y alentar un supuesto golpe de Estado.
Organismos internacionales de derechos humanos se encuentran en Ecuador para recabar información sobre la situación tras la ola de protestas.