Yorgos Stathakis, ministro griego de Energía y Medio Ambiente, anunció el miércoles la demolición de aproximadamente 3.200 edificaciones ilegales en la región capitalina de Atica, que fue arrasada por el fuego, como parte de un plan del gobierno para acabar con los vicios urbanísticos del pasado.
Según anunció Stathakis en una rueda de prensa, en la región afectada por los incendios que han dejado al menos 92 muertos hay unas 2.500 edificaciones construidas en zonas declaradas como forestales y 700 más en playas.
Los edificios se derribarán de acuerdo a un plan que dará prioridad a las construcciones que se encuentran bosque adentro y en las playas.
Sokratis Fámelos, el viceministro de Medio Ambiente, afirmó que en Atica hubo una falta de cooperación por parte de muchos municipios para concluir el diseño de los mapas forestales.
«Hasta ahora, 29 municipios no han cooperado en absoluto», aclaró Famelos, quien destacó la importancia de estos mapas como herramienta esencial en la prevención de incendios pues permitirán delimitar con claridad dónde empieza el bosque y, por tanto, las construcciones ilegales.
Uno de los motivos que explicaron los expertos para justificar el gran número de muertos de los incendios en Atica es, además de la potencia del viento que llevó a una rápida propagación de las llamas, la cantidad de edificaciones ilegales que convirtieron la pequeña localidad de Mati en un cuello de botella sin escapatoria posible.
Mientras tanto, familiares de varias víctimas mortales presentaron ante la Fiscalía la primera demanda particular contra las autoridades locales por no haber gestionado adecuadamente la catástrofe.
La demanda se dirige contra Yannis Kapakis, el secretario general de Protección Civil; Rena Duru, la gobernadora de la región de Atica; Ilias Psinakis, el alcalde de Maratón, responsable del municipio de Mati, y contra varias autoridades locales de menor rango como policías y bomberos.
En los últimos días se presentaron numerosas críticas contra las autoridades por no haber ordenado la evacuación de la localidad.
El gobierno, los bomberos y Protección Civil se han defendido con el argumento de que las llamas arrasaron en tan solo una hora y media toda la zona, lo que hizo imposible actuar mejor.
Hasta ahora han podido ser identificados 80 cadáveres del total de 92 muertos registrados, mientras que el número de desaparecidos se ha reducido a ocho.
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