El gobierno de Nicaragua tildó el domingo de «depravado» y «pedófilo» al Vaticano al arremeter contra declaraciones del obispo Rolando Álvarez, a quien expulsó a Roma hace un año tras permanecer encarcelado durante meses.
«Desde los millones de voces y almas, acalladas brutalmente por la inquisición, se alzan todos los pueblos sacrificados y desangrados por ese Estado Vaticano depravado, pedófilo, denunciado así en todo el mundo», dijo el gobierno nicaragüense en un comunicado de la cancillería.
El ministerio del Exterior arremetió contra la Santa Sede en respuesta a una entrevista de la semana en la que el obispo aseguró que sigue siendo «la cabeza visible» de las provincias de Matagalpa y Estelí, al norte de la capital.
Además, el gobierno asegura que El Vaticano, «usurpando el nombre de Dios cortó cabezas, enterró espadas, y exterminó pueblos y culturas enteras (…) para dominar, conquistar y robar nuestros ricos patrimonios materiales y culturales».
Por todo ello, considera que el Vaticano es «nada generoso y sí culpable de crímenes de lesa humanidad».
«El Estado Vaticano pretende disponer sobre cargos y poderes que otorgan, en Nicaragua, a personas que dejaron de ser nicaragüenses, por conductas impropias e intolerables de promoción de crímenes, políticamente instigados», agrega.
Nicaragua expulsó a cientos de sacerdotes
A pesar de que está en el exilio desde hace un año, cuando lo sacaron de una prisión, Álvarez sigue siendo un líder en esas regiones del país.
El gobierno del presidente Daniel Ortega y su «copresidenta» y esposa Rosario Murillo han expulsado a cientos de sacerdotes católicos, entre ellos al presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Herrera, y al obispo Isidoro Mora, de Siuna (noreste).
«Las conductas ilícitas e inapropiadas de falsarios, fariseos y profetas del vacío, que rechazamos, en nada difieren de comportamientos y prácticas que derivan de ideologías fascistas, proimperialistas, y en ningún momento podrán ser admitidas, aceptadas, y mucho menos aplaudidas en Nicaragua», insiste la nota oficial.
Ortega y Murillo acusan a la Iglesia Católica de haber apoyado las protestas en su contra en 2018 que dejaron más de 300 muertos, según la ONU, y que ellos consideran un intento de golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos.
Ortega, que gobernó en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, se encuentra en el poder desde 2007 y es acusado por opositores y críticos de instaurar un régimen autoritario.
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