Francia expulsó el pasado año a 4.686 delincuentes extranjeros, 30% más que en 2022 y más del doble que en 2021, destacó este jueves el ministro de Interior, Gérald Darmanin.
En un mensaje en su cuenta de X (antigua Twitter), Darmanin señaló que esas cifras responden «a las consignas de gran firmeza» del presidente, Emmanuel Macron, y anunció que a partir de finales de este mes la nueva ley de inmigración permitirá incrementar considerablemente más esas expulsiones.
En 2022, las estadísticas de extranjeros confinados en centros de retención que fueron expulsados en virtud de órdenes dictadas por los delitos que habían cometido en Francia registraron 3.615 casos y 1.800 en 2021.
El periódico Le Figaro indicó que el ministro del Interior ha pedido hoy a los prefectos y a los representantes del gobierno en los departamentos que aprovechen la nueva ley de inmigración, adoptada en diciembre con el apoyo de los Republicanos y de la ultraderechista Agrupación Nacional, de Marine Le Pen.
Facilitar la expulsión de los inmigrantes que cometen un delito fue uno de los principales argumentos de Darmanin para justificar esa ley, que en principio debía también facilitar la regularización de los «sin papeles» con falta de mano de obra, un aspecto que fue vaciado de su contenido durante la tramitación parlamentaria para obtener los votos de la derecha.
El departamento de Interior hizo públicos estos datos el mismo día que el Tribunal de Cuentas presentó un informe sobre la lucha contra la inmigración irregular y que cifra en 1.800 millones de euros.
En su trabajo, el Tribunal de Cuentas que ahora preside el antiguo excomisario europeo y exministro Pierre Moscovici reconoce que es «difícil de evaluar» el fenómeno de la inmigración ilegal, aunque recuerda los 439.000 beneficiarios de la llamada Ayuda Médica Estatal (AME), la atención sanitaria a la que se pueden acoger quienes no tienen los papeles en regla.
Los autores del informe analizan el problema de las órdenes de expulsión, que han aumentado 60% en unos pocos años, pero que tienen un nivel de cumplimiento bajo.
En concreto, cifran en 12% las que se ejecutan, tras recordar que entre 2019 y 2022 se habían dictado 447.257.