La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, rechazó las acusaciones de violación de órdenes judiciales relacionadas con la deportación de migrantes venezolanos y calificó de contradictorias las órdenes del juez James Boasberg, quien bloqueó los vuelos de deportación.
Bondi hizo esta declaración en respuesta a la solicitud de Boasberg de que el gobierno explicara por qué no había regresado los vuelos que transportaban a los venezolanos deportados a El Salvador, a pesar de las órdenes de restricción temporal emitidas el 15 de marzo, reseñó la agencia de noticias Bloomberg.
La fiscal argumentó que las órdenes del juez eran inconsistentes, pues la primera, emitida de manera oral durante una audiencia, instruía a los aviones a regresar, mientras que la segunda, por escrito, no lo hacía. Según dijo, el gobierno de Donald Trump actuó razonablemente al interpretar la orden escrita como la versión definitiva de la decisión judicial.
El juez Boasberg consideró insuficientes las explicaciones entregadas por el gobierno. En un escrito, criticó la tardía entrega de la información solicitada, la que además consideró insuficiente, y reiteró su solicitud para que la administración explicara por qué los vuelos no regresaron como se le había ordenado.
Boasberg destacó asimismo que el gobierno debe cumplir con las órdenes judiciales y advirtió que podría declarar en desacato al gobierno o a funcionarios si no se entregan los detalles completos. En respuesta, las autoridades republicaron argumentaron que se trata de un secreto de Estado y que revelar esos detalles pondría en riesgo la seguridad nacional.
Donald Trump sugiere la destitución del juez James Boasberg
El presidente Trump, en repetidas ocasiones, ha criticado a Boasberg y ha sugerido su destitución. En su cuenta de redes sociales, lanzó ataques directos al juez, cuestionó su imparcialidad y dijo que su presunta relación con entidades contrarias a su administración lo descalificaba para juzgar en este caso.
El gobierno de Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, norma que no se usaba desde la Segunda Guerra Mundial, para deportar a cientos de venezolanos, señalados de pertenecer a la organización criminal el Tren de Aragua. Sin embargo, Boasberg bloqueó el uso de esa ley en el caso porque no debería aplicarse de forma sumaria sin vista judicial.
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