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Exigen en Haití la renuncia del presidente por corrupción con Petrocaribe

por Avatar AFP

Miles de haitianos manifestaron el domingo en Puerto Príncipe para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse, acusado por el Tribunal Superior de Cuentas de estar en el centro de un esquema de «malversación de fondos».

Precedidos por decenas de manifestantes en motocicleta, los jóvenes acudieron en gran número a la marcha realizada en uno de los ejes principales de la capital de Haití y convocada por partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil.

Los manifestantes montaron hacia el mediodía pequeñas barricadas de neumáticos quemados, pero no se reportaron incidentes a pesar de un fuerte despliegue policial. «Exigimos que todos los dilapidadores de fondos sean juzgados y castigados, sus bienes confiscados y entregados al Estado para proyectos de desarrollo serio, que el presidente renuncie y se ponga a disposición de la justicia», dijo en la marcha la activista Vélina Charlier.

La semana pasada, el Tribunal de Cuentas publicó un informe de más de 600 páginas sobre el uso de Petrocaribe, un programa de desarrollo patrocinado por Venezuela, que sacó a la luz numerosos casos de manejo irregular de fondos y de corrupción.

Los magistrados descubrieron, por ejemplo, que en 2014 para el mismo proyecto de reparación de carreteras, el Estado firmó dos contratos con dos compañías de diferente nombre, Agritrans y Betex, pero que comparten el mismo registro fiscal y el mismo personal técnico.

Antes de su llegada al poder, en 2017, Jovenel Moïse estuvo al frente de Agritrans, una empresa dedicada a la producción de bananas pero que recibió más de 33 millones de gourdes (más de 700.000 de dólares al cambio de entonces) para este proyecto vial.

Percibido como una fuente de despilfarro y corrupción, Petrocaribe ya ha dado lugar, en 2016 y 2017, a 2 investigaciones del Senado. Desde el verano de 2018, el movimiento ciudadano «Petrocaribe Challenge» ha multiplicado las manifestaciones en todo el país, lo que ha llevado al Tribunal Superior de Cuentas a poner en marcha operaciones de contralor para determinar cómo 4 administraciones sucesivas gastaron los más de 1.600 millones de dólares recibidos como parte de este programa.