El Parlamento británico apoyó la enmienda que propone que los diputados puedan votar una prórroga del brexit el 14 de marzo si previamente descartaran aprobar el acuerdo y una salida no negociada del Reino Unido de la Unión Europea. De esta manera los comunes dan más tiempo a la primera ministra para trabajar en su plan para salir de la UE.
Aunque la enmienda no es vinculante, amarra el compromiso asumido el martes por la primera ministra, Theresa May, que prevé que los diputados podrán votar nuevamente el 12 de marzo el pacto entre Londres y Bruselas. Si lo rechazaran, al día siguiente, el 13, votarán si aprueban una salida no negociada el 29, la fecha pautada. En caso de no lograr acuerdo tampoco el 13, los diputados se encontrarán nuevamente el día 14 para votar la solicitud de prórroga del brexit.
La enmienda fue impulsada por la representante laborista Yvette Cooper y por el conservador Oliver Letwin, quienes pedían la extensión de los plazos si el acuerdo del brexit no es ratificado, y que deja entrever la necesidad de los comunes de asegurar garantías en caso de que la crisis actual no se haya resuelto para el 29 de marzo.
Además, se sometió a votación la propuesta del líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, que consistía mantener una unión aduanera con la UE. Esta moción fue rechazada por 323 votos contra 240 a favor.
Este resultado abre la puerta a la campaña por un segundo referéndum mediante el cual los británicos decidan si quieren permanecer en el bloque europeo o salir definitivamente. Se espera que en los próximos días Corbyn explique la estrategia que llevaría al electorado nuevamente a las urnas, si fuera aprobada su propuesta.
La enmienda presentada por el conservador Alberto Costa contó con el visto bueno de la Cámara, pero le costó su cargo al diputado, quien tuvo que renunciar en atención a la disposición administrativa según la cual quienes están en la nómina del gobierno no deben presentar enmiendas a las decisiones del Ejecutivo.
Costa abogó porque se garanticen los derechos de los comunitarios que viven en el Reino Unido y de los británicos en las naciones del bloque, independientemente de cómo se concrete el divorcio entre Bruselas y Londres. Se calcula que más de 3 millones de europeos de la UE viven actualmente en el Reino Unido, y alrededor de los 900.000 británicos en los diferentes países miembros.
En la sesión fue rechazada también la moción presentada por los independentistas del Partido Nacionalista Escocés (SNP) y el Partido de Gales, que pedían que de ningún modo se produjera la ruptura sin acuerdo, lo que refuerza la idea de que una salida no negociada sigue sobre el tapete, con todo el trauma que esto significaría para el reino, tal como lo expresó el mismo David Lidington, cercano a May: “Una salida sin acuerdo sería caótica y supondría un shock para la economía del país”.
Esta semana desde el mismo gobierno se advirtió que un brexit sin acuerdo podría suponer que el crecimiento de la economía británica sería de 6,3% a 9% inferior a su grado de desarrollo durante quince años en caso de que permaneciera en la UE. También el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, aseguró que “sería bueno para la economía tener un período de transición hacia ese nuevo mundo”.
Un divorcio difícil
Entretanto, los líderes europeos afirmaron que están dispuestos a hacer concesiones siempre y cuando se aseguren objetivos claros que permitan avances para salir de la situación actual de estancamiento.
“No necesitamos más tiempo: lo que la mayoría de nosotros necesita es una decisión”, advirtió Emmanuel Macron, el presidente de Francia, luego de una reunión en París con Angela Merkel, la canciller alemana.
“Si Reino Unido necesita más tiempo, entonces, claramente, no se lo negaríamos”, agregó Merkel.
Por su parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, señaló que “el aplazamiento debe tener una perspectiva cierta de resolución. Prolongar la incertidumbre postergando plazos no es una alternativa razonable ni tampoco deseable”.
Los enviados de Theresa May a Bruselas pretenden lograr que los jefes de los 27 establezcan nuevos términos en lo referente a la salvaguarda ideada para evitar una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte.
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