La aerolínea española Plus Ultra tendrá en tan solo días el procedimiento judicial por presuntas irregularidades en relación con la ayuda pública de 53 millones de euros.
La Audiencia Provincial de Madrid condena las diligencias previas al sobreseimiento. Esto luego de que se comprobara que la instrucción superó hace tiempo los 12 meses de duración, algo que se dio sin que ninguna de las partes pidiera prórroga y se citara a algún imputado.
La instructora no citará al único investigado, según lo que determinó la Sección Segunda, hecho dado como una respuesta al recurso de la aerolínea en donde la audiencia estableció no acordar la práctica de diligencias de investigación cuando expirara el plazo máximo de la instrucción.
La causa de las ayudas a Plus Ultra
Según el medio El Confidencial, la resolución indica que «de admitirse la práctica de diligencias fuera de plazo, se produciría la lesión del derecho constitucional a un proceso con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva».
Plus Ultra también defiende en el documento que las diligencias acordadas luego del 8 de abril de este año se evidencian como nulas e inválidas. Sobre las acusaciones populares se encuentran personados Manos Limpias, Vox y el PP. La jueza dejó en suspenso la declaración a la espera del recurso de la aerolínea.
Los peritos independientes cuestionaron que la compañía pudiera recibir la subvención de 53 millones de euros. Por otra parte, ayer los de Deloitte y DC Advisor defendieron la decisión de la SEPI de conceder la ayuda.
Ambos equipos ratificaron su aporte al juzgado, así como su defensa de enero pasado en el primer careo que se repitió ayer luego de una falla técnica.
Rescate de la aerolínea
Una jueza en una investigación habla sobre lo ocurrido a inicios de marzo, cuando el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) aprobó el rescate de la aerolínea. En este se entregarían 53 millones en dos formas: 19 con un préstamo ordinario con vencimiento en cinco años, y 34 como préstamo participativo, cuyo vencimiento se establecía a siete años.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado, luego de un año de investigación, lograron descartar irregularidad en la operación, concluyendo en el apoyo del último informe del juzgado.
Según información compartida por El Confidencial, el Ministerio Público español dice: «El análisis efectuado por el perito contempla cuatro escenarios posibles, dos de los cuales no permiten colegir que la sociedad estuviera en crisis en la fecha referida, evidenciando así que, al menos en esos casos, se cumplirían la totalidad de las condiciones establecidas».
Según regulación de los plazos de instrucción, introducida en 2020, ya no existe prórroga ordinaria y otra excepcional, solo queda la posibilidad de que el juez acuerde sucesivas prórrogas por períodos iguales o inferiores a seis meses, solo en caso de que se compruebe que la investigación se quedó sin finalizar.
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