El gobierno español asumió la coordinación de todas las fuerzas de seguridad en Cataluña para impedir la celebración del referéndum independentista del 1° de octubre, una decisión que no acepta el gobierno regional catalán por considerarla una injerencia en su autonomía.
La decisión se tomó a petición del fiscal superior de Cataluña, después de que esta semana una multitud se concentrara en las calles para protestar por las detenciones de diversos cargos públicos del gobierno catalán relacionados con la organización de la consulta, suspendida por el Tribunal Constitucional.
El Ministerio de Interior asume así la coordinación de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Autonómica Catalana (Mossos d’Esquadra), que pone en manos de un coronel de la Guardia Civil como director técnico.