El gobierno de España inició este viernes un procedimiento legal para exhumar los restos de Francisco Franco, los cuales se encuentran en el Valle de los Caídos desde su muerte en 1975.
«Un país que mira al futuro debe estar en paz con su pasado. Vamos a exhumar los restos de Franco con todas las garantías y escuchando al resto de grupos parlamentarios. El gobierno actúa con serenidad para devolver la dignidad a las víctimas del franquismo y a la democracia», indicó el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.
Al término del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, indicó que espera que la exhumación del cadáver de Franco se produzca antes de que termine el año.
El Ejecutivo español aprobó un decreto que modifica la Ley de Memoria Histórica de 2007, que protege la exhumación desde el punto de vista legal. La familia Franco tendrá 15 días para decidir a dónde quiere trasladar los restos y, en caso de que no se pronuncien o lo rechacen, será el gobierno quien decida su destino.
Calvo consideró que es inadmisible para una democracia el hecho de mantener a un dictador en una tumba del Estado.
La decisión de trasladar los restos del dictador fue aceptada por Amnistía Internacional, que subraya que con ella se cumplirán las recomendaciones de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
A nivel técnico, la exhumación sería sencilla y se podría ejecutar en menos de una hora sin necesidad de la presencia de un forense, explicó a EFE el antropólogo social Francisco Ferrándiz. Señaló que la parte más complicada sería levantar la lápida que pesa 1.500 kilos, aunque con las maquinarias actuales se desarrollaría con facilidad.
La exhumación de los restos del dictador ha incrementado considerablemente el número de visitas a su tumba, que en julio recibió casi 50% más que en el mismo mes de 2017.
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