Un juez de la Audiencia Nacional española dejó este jueves en libertad a los que fueran jefe de seguridad y enfermera personal del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez, Adrián José Velásquez Figueroa y Claudia Patricia Díaz Guillén, tras su detención este miércoles en Madrid a petición de Venezuela.
El juez Fernando Andreu considera que los dos pueden permanecer en libertad con la única medida cautelar de no abandonar Madrid mientras se decide sobre su entrega a Venezuela, que reclama a ambos por un presunto delito de blanqueo, dijeron a Efe fuentes jurídicas.
Tras la detención de estos dos colaboradores de Chávez, en cumplimiento de una orden de detención cursada por Venezuela para su extradición, la policía les ha puesto a disposición del juez.
El abogado de los detenidos, Manuel Varela, atribuyó su detención a la búsqueda de «chivos expiatorios» por parte del actual Gobierno venezolano «para distraer a la gente de la miseria que está viviendo el pueblo».
Guillén y Velásquez Figueroa, que son esposos, están señalados en la investigación de los «papeles de Panamá» por, supuestamente, haber recibido ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca para «blindar» una fortuna no declarada, según informó el fiscal general designado por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, el pasado 10 de abril a través de Twitter.
Esta misma investigación sitúa a ambos como personas muy cercanas al exmandatario, en concreto, a Guillen como enfermera de Chávez y extesorera de la nación y a su esposo como jefe de seguridad del fallecido jefe de Estado.
En otro mensaje, Saab recordó que en 2016 la Fiscalía venezolana practicó registros a las propiedades de la familia Velásquez Figueroa y que en ese momento «se les detectó innumerables técnicas de legitimación de capitales y enriquecimiento ilícito que los obliga a comparecer ante las autoridades competentes de Venezuela».
El letrado Varela mostró su satisfacción con la decisión del juez Andreu, pues considera que ahora se podrá demostrar que ambos «son víctimas de un régimen corrupto que los está usando, tanto a ellos como a otros, para esconder su responsabilidad por la actual situación del pueblo venezolano»
A su juicio, «no había ningún motivo» para mantenerles privados en libertad al sostener que «las alegaciones provenían de un régimen criminal con una larga historia de abuso de los organismos de justicia internacional».
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