El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, considera extraña la decisión de la juez de Madrid de guardar las cintas con las grabaciones de las imágenes sobre la reunión del titular de Transportes, José Luis Ábalos, y Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas.
Durante un desayuno informativo este miércoles en la capital española, Campo terminó consultado sobre la orden del Juzgado de Instrucción N° 7 de Madrid.
Esa instancia requirió a AENA guardar las cintas con las imágenes del aeropuerto del pasado 20 de enero. De esa forma, atendió a la medida cautelar urgente planteada por el PP.
«Tenemos un Estado en el que cualquier ciudadano puede poner una denuncia y que esa denuncia sea observada. No conozco estas actuaciones, solo he visto titulares de prensa. Lo que hay que esperar es que la justicia actúe rápidamente y establezca unos mecanismos. Es verdad que ‘a priori’ suena un poco extraño la actuación, pero respeto absoluto, sería un mal juez si me pronunciara», dijo el ministro.
Insistió en que espera una pronta aclaratoria de unos hechos que tienen un evidente contenido político. Señaló que es algo que ha quedado evidenciado en las preguntas de control de las últimas semanas en el Congreso de los Diputados.
«No perdernos en el ruido»
A pesar de ello, Campo resaltó que lo que a él le interesa es aportar para lograr un consenso sobre algo absolutamente necesario, que es mejorar la justicia. Para eso, aseguró que todos los grupos políticos se necesitan unos a otros.
«Es mejor no perdernos en el ruido y buscar esos consensos para mejorar el servicio público de la justicia, que no alcanza los niveles de otros que nos hemos dado en 40 años de democracia. Es lo que yo reclamo y mejor dejarnos de disputas estériles y procurar cumplir el ordenamiento jurídico primero», enfatizó.
En este sentido, hizo un llamamiento, principalmente al PP aunque sin nombrarlo, para poder renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.
Añadió que a partir de ahí pueden construirse unos mecanismos de reformas normativas, organizativas y tecnológicas que permitan ofrecer a los ciudadanos un servicio público como el que legítimamente reclaman.