El acuerdo de brexit obtuvo el viernes su primera victoria histórica en el Parlamento de Westminster antes de una aprobación garantizada en la segunda semana de enero. Boris Johnson se anota así un punto a favor.
El convenio ha sido largamente negociado entre Londres y Bruselas y muchas veces denostado por los diputados británicos.
En una sesión extraordinaria, la nueva Cámara de los Comunes aprobó la primera fase del proyecto de ley que debe traducir el Tratado de Retirada a la legislación británica.
La Cámara de los Comunes surgió de las legislativas la semana pasada.
Por 358 votos a favor y 234 en contra el texto registró la victoria garantizada por la aplastante mayoría que el primer ministro conservador Boris Johnson logró en los comicios.
«Ha llegado el momento de actuar juntos como una nación revitalizada, un Reino Unido lleno de una confianza renovada en nuestro destino nacional y decidido por fin a aprovechar las oportunidades que ahora se nos presentan», había dicho Johnson al presentar el texto.
Esta es solo la primera etapa en la aprobación de la ley. El debate proseguirá luego del receso de fin de año, pero el calendario acelerado fijado por el gobierno prevé una adopción definitiva el 9 de enero, con tiempo suficiente para garantizar que el Reino Unido salga de la Unión Europea el 31 de ese mes sin más retrasos.
Marcando la apertura de un nuevo capítulo político y económico, el ministro de Finanzas, Sajid Javid, anunció el nuevo gobernador del Banco de Inglaterra. Andrew Bailey, actual presidente de la autoridad de regulación financiera británica, asumirá sus funciones poco después del Brexit, el 16 de marzo.
Boris Johnson hizo cambios
La oposición, que votó en contra, se mostró indignada porque el gobierno hubiera retirado del proyecto de ley algunas concesiones hechas previamente, cuando se encontraba en minoría, como la supervisión parlamentaria de la próxima etapa de la negociación con Bruselas.
«Este acuerdo será utilizado como un ariete para llevarnos por el camino de una mayor desregulación y hacia un acuerdo tóxico con Donald Trump», denunció el líder laborista Jeremy Corbyn en referencia a una próxima negociación comercial con Estados Unidos.
El acuerdo con la UE recoge cuestiones como los derechos de los ciudadanos europeos en el Reino Unido y los británicos en la Unión Europea. Es una factura que Londres debe pagar para honrar sus compromisos con el bloque y cómo mantener abierta la frontera terrestre en la isla de Irlanda.
También un período de transición, hasta el 31 de diciembre de 2020, cuando Londres y Bruselas deben emprender la segunda fase del brexit, la negociación de su futura relación.
Los responsables europeos afirman que 11 meses es un período demasiado corto para alcanzar un acuerdo de libre comercio.
Pero, determinado a evitar un nuevo aplazamiento, Johnson inscribió en su proyecto de ley una cláusula que prohíbe al Reino Unido toda extensión, lo que reavivó los temores de que el país acabe abocado a abandonar efectivamente la UE el 1° de enero de 2021 de forma brutal.
El proyecto de ley incluye también disposiciones para permitir que los tribunales inferiores británicos, y no solo la Corte Suprema, puedan anular los fallos del Tribunal de Justicia Europeo.
Fin de un largo bloqueo
Decidido por 52% de los votos en un referéndum en 2016, el brexit, inicialmente previsto para marzo de 2019, fue aplazado tres veces.
Desde que en noviembre de 2018 la anterior primera ministra Theresa May firmó los términos del divorcio negociado durante dos años con la UE, el acuerdo sufrió tres estrepitosos rechazos en un Parlamento fragmentado entre pro y antieuropeos.
May regresó varias veces a Bruselas en busca de «garantías» para tranquilizar a los diputados.
Johnson se encamina a una amplia mayoría. ¿Qué pasará con el brexit?
Pero fracasó, acabó dimitiendo y en julio fue reemplazada por un Johnson que rápidamente perdió su frágil mayoría debido a una rebelión interna y al abandono de su aliado clave, el pequeño partido norirlandés DUP.
Hubo meses y meses de caos, y debates cada vez más ásperos, una suspensión gubernamental de las labores parlamentarias que la justicia acabó anulando por «ilegal», una renegociación in extremis del acuerdo y finalmente las legislativas anticipadas que acabaron con el bloqueo.
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