El aborto y los derechos de la población LGTBI dividieron a las organizaciones de sociedad civil en la 53 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que comenzó este miércoles en Washington.
En medio de aplausos, decenas de activistas conservadores expresaron preocupación por el avance en la región de lo que llaman ideología de género. También pidieron que se respetara la vida desde la concepción.
«Se deben garantizar y salvaguardar los derechos humanos. Estos son inalienables y comienzan con el derecho a la vida», dijo Omayra Álvarez, activista antiaborto de República Dominicana, durante una sesión en la que intervinieron las organizaciones de la sociedad civil invitadas a la Asamblea General.
División de las ONG en sesión de la OEA
Álvarez y otros activistas criticaron duramente a la OEA. La organización presuntamente limitó el espacio de las organizaciones.
«Me encuentro aquí bajo protesta, por la falta de previsión que impidió el acceso y le negó la entrada a estas instalaciones» a otros representantes de ONG de la región, señaló Amalia Villareal, activista mexicana de la organización Brazos y Lazos.
Villareal insistió en que el debate en torno a temas de género y de derechos reproductivos en la región se ha visto coaccionado bajo una estigmatización de discursos de odio y homofobia que en muchos casos no existe.
En contraste con la visión de esas organizaciones, activistas en defensa de las personas Lgbtiq y a favor del acceso al aborto pidieron que se respetaran los derechos reproductivos y humanos en la región.
María Teresa Blandón, activista y feminista nicaragüense, recordó el emblemático caso Beatriz, la joven salvadoreña ya fallecida que en 2013 solicitó interrumpir su embarazo y se le impidió. Este caso está siendo estudiado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
«El caso Beatriz constituye un claro ejemplo del impacto que la penalización del aborto tiene sobre la vida de las mujeres», dijo Blandón. Y añadió: “En los últimos años más de 80.000 niñas (…) sufren embarazos y partos como víctimas de violación”.
Suzanne Bridgewater, de la organización caribeña Coalición LGBTI, denunció el ataque a las comunidades sexualmente diversas en la región.
«Estamos alarmados por el discurso de odio que se traduce en violencia contra los grupos Lgbti. Debemos crear una espacio de apoyo y seguridad», expresó la activista.
Colombia fue el último país en la región en despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación. La práctica continúa siendo ilegal en varias naciones, incluyendo El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana.