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EE UU sanciona a personas y empresas acusadas de integrar trama cambiaria

"Los actores del régimen han saqueado miles de millones de dólares de Venezuela mientras el pueblo venezolano sufría. Es otro esquema ilícito", dijo el secretario del Tesoro, Steven. Mnuchin

Por AFP
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Estados Unidos anunció más sanciones contra Venezuela que apuntan a ex funcionarios acusados de beneficiarse de una trama de intercambio de divisas derivada del control de cambio, a un día de que el presidente Nicolás Maduro asuma un segundo mandato, denunciado como ilegítimo.

Las sanciones recaen sobre siete personas y una veintena de empresas acusadas de beneficiarse de ese esquema, una lista que incluye a Raúl Gorrín, dueño del canal Globovisión. «Los actores del régimen han saqueado miles de millones de dólares de Venezuela mientras el pueblo venezolano sufría. El Tesoro está apuntando a esta red de intercambio de divisas, que es otro esquema ilícito que el régimen de Venezuela ha usado largo tiempo para robarle a su gente», afirmó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

El Departamento del Tesoro añadió a la lista a siete personas, incluidos la ex tesorera de la nación Claudia Patricia Díaz y a Raúl Gorrín, acusado de sobornar a la Oficina Nacional del Tesoro para realizar operaciones ilícitas de intercambio de divisas en Venezuela. Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a otros 5 individuos y a 23 entidades. «Estados Unidos sigue comprometido a responsabilizar a los causantes del trágico declive de Venezuela, y seguirá usando las herramientas para apoyar los esfuerzos del pueblo venezolano para restaurar su democracia», dijo Mnuchin.

Aparte de Díaz y Gorrín, en la lista están Adrián Velásquez, Leonardo González, Gustavo Perdomo, María Alexandra Perdomo y Mayela Tarascio, e incorpora 23 empresas, con sedes en Venezuela, el Caribe, Estados Unidos y Panamá, que se beneficiaron del control cambiario instaurado en el gobierno de Chávez en 2003, entre ellas Seguros La Vitalicia y Globovisión. También se incluye una aeronave ubicada en territorio venezolano.

“Nuestras acciones contra esta red corrupta de intercambio de divisas expone otra vez las deplorables prácticas que los integrantes del régimen venezolano han utilizado para beneficiarse a expensas del pueblo», afirmó Mnuchin.

Gorrín es uno de los implicados en el caso del antiguo guardaespaldas y ex tesorero de Venezuela, Alejandro Andrade Cedeño, sentenciado a 10 años de prisión en Estados Unidos por participar en un mecanismo de cambio de divisas y lavado de dinero por más de 1.000 millones de dólares.

Las autoridades estadounidenses indicaron que Andrade recibió sobornos para garantizar a terceros transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables. Gorrín fue acusado en 2017 en Florida de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA en inglés), una norma estadounidense con disposiciones antisoborno, así como de otros 10 cargos de lavado de activos.

El Departamento del Tesoro señaló que Andrade y Díaz, cuando ocupaban el puesto de tesorero, usaron su influencia para darle a Gorrín acceso al sistema preferente, lo que le permitía maximizar los beneficios en sus transacciones de divisas. A cambio, según el Tesoro de Estados Unidos, Gorrín y otros empresarios pagaron cientos de millones de dólares en sobornos.

Estas sanciones se suman a las disposiciones que ya afectan a altos funcionarios del gobierno, incluido el presidente Maduro, su esposa y varios ministros y líderes chavistas.


Delcy Rodríguez: Son ilegales

El gobierno de Nicolás Maduro consideró ilegales las sanciones de Estados Unidos contra varias personas y entidades por presunta corrupción ligada al gobierno, entre ellas el dueño de la televisora  Globovisión, informó AFP

«El único que puede imponer sanciones internacionales es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estamos hablando de medidas arbitrarias porque no están contempladas en ninguna ley internacional», dijo la vicepresidente Delcy Rodríguez, en rueda de prensa.

La funcionaria subrayó que las acciones del Departamento del Tesoro, anunciadas el martes, «son unilaterales porque las impone un gobierno de forma abusiva, e ilegítimas porque no tienen legalidad alguna».


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