Más de 13,4 millones de ciudadanos en Ecuador están convocados este domingo a las urnas para elegir entre el joven empresario Daniel Noboa, y la abogada Luisa González a quien completará el período de mandato del presidente Guillermo Lasso, hasta mayo de 2025.
La jornada de este domingo iniciará a las 07:00 hora local (12:00 GMT) y durará 10 horas, hasta las 17:00 (22:00 GMT). Se prevé que los primeros resultados comiencen a conocerse unos 90 minutos después del cierre de las urnas.
El proceso comenzó el pasado jueves con el voto de los presos sin sentencia en firme; y siguió el viernes con el voto en casa para mayores de 50 años o personas con discapacidad de más del 75%.
Los ecuatorianos van a las urnas después de que en mayo pasado Lasso disolviera la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. Esto cuando se disponía a votar una moción de censura en su contra por presunto peculado (malversación), que él niega; y pidiera la convocatoria a elecciones, amparado en el recurso constitucional conocido como «muerte cruzada».
Noboa y González pasaron al balotaje el pasado 20 de agosto al superar a otros seis candidatos: el exvicepresidente Otto Sonnenholzner; y el exlegionario y empresario especialista en seguridad Jan Topic.
También al exprefecto de la provincia del Azuay Yaku Pérez, el empresario Xavier Hervas, el abogado independiente Bolívar Armijos y el periodista Christian Zurita, quien reemplazó en la papeleta a Fernando Villavicencio, asesinado el 9 de agosto cuando salía de un mitin político en Quito.
Inseguridad en Ecuador para la elección del presidente hasta 2025
Ataviados con chalecos antibalas y con resguardo de las fuerzas del orden, Noboa, de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN) y González del movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017) desarrollaron una campaña de segunda vuelta. La cual estuvo caracterizada por reuniones con gremios, grupos sociales y delegados de organismos internacionales.
Fueron pocas las reuniones multitudinarias en comparación con campañas electorales de años pasados en Ecuador.
En su proselitismo, ambos candidatos se centraron en informar, especialmente sobre sus planes de gobierno para combatir la inseguridad; una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos.
Ecuador vive unos niveles de inseguridad y violencia sin precedentes, atribuidos por las autoridades al crimen organizado y al narcotráfico. Los cuales hicieron que el país pasase en apenas cinco años de 5,8 a 25,32 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes en 2022. Esta sería la cifra más alta de su historia.
Asesinatos a manos de sicarios, asaltos, extorsiones, secuestros, robos y asaltos figuran entre los delitos que se escuchan a diario en Ecuador.
El país era conocido como un reducto de paz en la región. Pero ahora se ha convertido en un punto clave de las mafias del narcotráfico para, a través de sus puertos, sacar hacia Europa y Norteamérica grandes cantidades cocaína producida en sus vecinos Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales.
Situación económica
A la crisis por la inseguridad se suma la difícil situación económica que deberá afrontar el próximo presidente (hasta 2025) al recibir un país endeudado. Con serios problemas en el sector sanitario, educativo y agropecuario, entre otros. Y que, además, podría empeorar por los efectos del fenómeno climático de El Niño, que se prevé llegue a finales de año.
Además, el próximo jefe de Estado deberá gobernar con la previsible reducción de ingresos fiscales como consecuencia de la prohibición de explotar un importante pozo petrolero en la Amazonía.
Ello porque el pasado 20 de agosto, los ecuatorianos votaron en un plebiscito a favor de que se cese la explotación del Bloque 43-ITT, uno de los yacimientos situados dentro del Parque Nacional Yasuní, un enclave biodiverso situado en la Amazonía ecuatoriana.
Ese bloque tiene una producción promedio de 58.000 barriles de petróleo al día, lo que supone alrededor del 11% del total de la producción de petróleo de Ecuador, que ronda los 480.000 barriles.
Según datos oficiales, esto daba al Estado beneficios por 1.200 millones de dólares. Pero los ambientalistas creen que la renta es mucho menor y que se puede compensar con un impuesto a la riqueza.