Donald Trump fue condenado este viernes por el caso de la exactriz de cine porno Stormy Daniels en una sentencia simbólica aunque histórica que no implica cárcel ni multa. No obstante, el presidente electo será el primer delincuente convicto en llegar a la Casa Blanca.
«Este tribunal ha determinado que la única sentencia legal que permite la entrada de una sentencia condenatoria. No se invadirá el cargo más alto de la tierra, es un descargo incondicional», dijo el juez del Tribunal de Distrito de Manhattan Juan Merchan en una audiencia a la que Trump asistió virtualmente.
Esta condena poco usual mantiene la culpabilidad pero no implica condena a cárcel, multa o libertad condicional.
El republicano de 78 años regresará a la Casa Blanca el 20 de enero. Fue declarado culpable en mayo pasado por un jurado popular de 34 cargos de falsificación contable para esconder el pago de 130.000 dólares en la recta final de las elecciones de 2016 a la exactriz de cine porno Stormy Daniels. Al parecer, habría mantenido una fugaz relación extramatrimonial con la mujer 10 años antes, haciéndolo pasar como gastos legales.
El presidente electo tildó el proceso penal de «vergüenza para el sistema» judicial.
Donald Trump y su manchada reputación
El juicio se hizo «para dañar mi reputación para que perdiera las elecciones y obviamente eso no funcionó». Así lo dijo el magnate por videoconferencia desde Florida junto a uno de sus abogados.
Trump sufrió el jueves por la noche un último revés después de que la conservadora Corte Suprema rechazó por estrecho margen —cinco votos frente a cuatro— un recurso de urgencia para impedir in extremis el anuncio de la sentencia. Es el único de los cuatro frentes judiciales que tenía abiertos que lo ha sentado en el banquillo.
Los abogados de Trump han tratado por todos los medios legales de que el futuro 47º presidente de Estados Unidos no fuera sentenciado. La defensa alegaba que la inmunidad judicial concedida a un presidente en ejercicio debería extenderse a un presidente electo. De esta manera, se evitaría «una grave injusticia y daño a la institución de la presidencia y las operaciones del gobierno federal».
El fiscal del caso Joshua Steinglass recordó en la audiencia que el veredicto del jurado fue «unánime y decisivo y debe ser respetado» y acusó al ex y futuro presidente de «participar en una campaña coordinada para socavar» el proceso que ha causado un daño duradero a la percepción pública del sistema de justicia penal».
La revelación de una conversación telefónica de Trump en los últimos días con el magistrado conservador del tribunal supremo Samuel Alito había suscitado los temores sobre su supuesta influencia sobre la máxima autoridad judicial del país. Seis de los nueves jueces son conservadores, la mitad nombrados por el propio expresidente.
Nada es oficial
El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, recordó que cuando Donald Trump fue «acusado, juzgado y condenado por una conducta que él admite que es totalmente no oficial» era un ciudadano privado.
El jueves, la jueza de la Corte de Apelaciones del estado de Nueva York, Jenny Rivera, denegó otro recurso de la defensa del magnate para evitar la sentencia.
Dos días antes, otra jueza de una instancia menor de la Corte de Apelaciones de Manhattan había rechazado otro recurso de la defensa de Trump. Argumentaban que debería posponerse la sentencia mientras apelaba la condena.
La sentencia de Trump había sido pospuesta en varias ocasiones desde julio, a raíz de la decisión de la Corte Suprema. En septiembre, Merchan la volvió a retrasar para evitar interferencias con la campaña presidencial.
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