El vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, confirmó que 25 narcotraficantes trataron de colarse en los listados de integrantes de las FARC, con la intención de obtener los beneficios jurídicos por acogerse al proceso de paz con el Gobierno.
Naranjo hizo énfasis en que “fue un intento”, y señaló que el Gobierno logró impedir que narcotraficantes entraran en las listas y fueran acreditados como guerrilleros.
“No vamos a permitir que se use el proceso y la jurisdicción especial de la paz para abrirle espacio a delincuentes”, agregó el funcionario, en alusión a la Justicia Especial para la Paz (JEP), que forma parte del acuerdo firmado entre el Gobierno y las FARC e incluye tratamientos especiales para ex combatientes, soldados y policías.
La JEP será la encargada de calificar jurídicamente las conductas graves cometidas por los actores del conflicto armado bajo las normas del Código Penal Colombiano, del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos (DIDH), del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y del Derecho Penal Internacional (DPI).
Las sanciones contempladas en esta jurisdicción son de cinco a ocho años de restricción efectiva de la libertad para quienes acepten su responsabilidad.
Las penas alternativas, de cinco a ocho años de prisión, serán para quienes acepten responsabilidad antes de que se emita sentencia en su contra.
Por último, las sanciones ordinarias, de 15 a 20 años de prisión, las recibirán quienes no admitan responsabilidad y sean condenados por el Tribunal para la Paz.
Este domingo la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, aclaró que los narcotraficantes denunciados por los medios de comunicación “jamás recibieron acreditación” como miembros de las FARC.
El Gobierno “tomó todas las medidas necesarias para dar cumplimiento de manera transparente, rigurosa y oportuna a todo lo que dice el acuerdo (de paz) en este tema, particularmente a lo relacionado con la revisión y constatación de los listados de postulados que fueron entregados por las FARC”, agregó en un comunicado.
Según esa entidad, el proceso de acreditación tuvo “tres momentos”, la construcción de los listados, la verificación por parte del gobierno y la facultad del ejecutivo de “excluir nombres de la lista”.
Además, destacó que en julio del año pasado se creó el Comité Técnico Interinstitucional para la Verificación de Listados, del cual hacen parte los organismos de inteligencia del Estado, la Fiscalía y algunas entidades con información sobre las FARC.
“Al día de hoy se tienen, por un lado, 11.284 integrantes de las FARC acreditados, incluidos guerrilleros, milicianos y personas privadas de la libertad que fueron parte de la organización, así como cerca de 352 casos de personas que se encuentran bajo observación, pues no existe información sobre su no pertenencia a las FARC”, añadió la Oficina del Alto Comisionado.