La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la destitución del defensor del pueblo de Panamá, Alfredo Castillero Hoyos. Alertó que de afectar la independencia de esta institución puede traer consecuencias negativas para la democracia y los derechos humanos.
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Castillero Hoyos fue destituido por la unicameral Asamblea Nacional, de amplia mayoría oficialista, el pasado 9 de octubre. El alegato de la detención fue que el entonces funcionario incurrió en negligencia notoria en el cumplimiento del cargo, y declaró la vacancia absoluta de ese puesto.
La CIDH, un órgano autónomo de la OEA, señaló en un boletín que Castillero Hoyos alegó la afectación a su derecho a la defensa ante el Pleno, al haber llegado al debate sobre su remoción sin haber tenido acceso al expediente sobre su caso.
Nombramiento forzoso
Asimismo, “de acuerdo con información publicada, varias organizaciones de la sociedad civil han señalado que el reciente nombramiento de la defensora del pueblo adjunta, Maribel Coco Fernández, se habría llevado a cabo bajo presión política y que la independencia de dicha institución se encontraría comprometida”, indicó la CIDH.
Exhorto a la eficacia institucional
“El Estado de Panamá debe asegurar la independencia de este organismo y garantizar que los procesos de destitución cuenten con las debidas garantías”, afirmó la relatora para Panamá, la comisionada Flavia Piovesan.
El ente de la OEA recordó que la Asamblea General del organismo hemisférico reafirmó la importancia de establecer, de conformidad con la legislación nacional, instituciones nacionales eficaces de promoción y protección de los derechos humanos. Además de mantener el pluralismo de su representación y su independencia.
En atención a los convenios internacionales “las circunstancias que pueden dar lugar a la remoción del cargo de una institución de derechos humanos deben estar detalladamente especificadas y limitadas a errores graves o incapacidad manifiesta. En tal caso el órgano encargado debe decidir la sustitución y actuar independientemente del Poder Ejecutivo”, dijo la Comisión.
“Las afectaciones a la independencia de las Defensorías del Pueblo pueden resultar en consecuencias negativas para la promoción y defensa de los derechos humanos así como para el fortalecimiento de la democracia”, señaló la Relatora Piovesan.
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, el capítulo de Panamá de Transparencia Internacional, dijo el viernes pasado que la remoción del defensor del pueblo por el Parlamento violó garantías constitucionales y dejó en desprotección a los derechos humanos en el país.
La ONG panameña señaló que el proceso de destitución realizado en el pleno de la Asamblea Nacional no respetó el debido proceso ni la presunción de inocencia de Castillero Hoyos.
A Castillero Hoyos se le vencía el período en el cargo el 31 de marzo de 2021. La investigación fue realizada por una subcomisión legislativa por presunto acoso sexual y laboral contra al menos seis funcionarios de la Defensoría y resultó removido en razón de la supuesta negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones.