La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsabilidad internacional del Estado de Ecuador por la violación a los derechos de libertad de expresión, el principio de legalidad y otras vulneraciones de periodistas del diario El Universo.
En la sentencia, notificada el martes 21 de diciembre, la CIDH falló a favor del periodista Emilio Palacio y los directivos del diario El Universo, Nicolás Pérez Lapentti, César Enrique Pérez Barriga y Carlos Eduardo Pérez Barriga.
«La Corte concluyó que el artículo “NO a las mentiras”, publicado por el señor Palacio Urrutia respecto de hechos ocurridos en Ecuador el 30 de septiembre de 2010, constituyó un artículo de opinión que se refirió a un asunto de interés público, por lo que gozaba de una protección especial en atención a su importancia en el debate democrático. De esta forma, advirtió que la sentencia condenatoria impuesta por el delito de “injurias calumniosas graves contra la autoridad”, y la sanción civil impuesta con motivo de dicha condena, constituyeron una violación a la libertad de expresión de las víctimas del caso», señaló el resumen ejecutivo del fallo.
El Tribunal también encontró que Palacio se vio obligado a «abandonar el país y renunciar a su trabajo con motivo de la condena y otros hechos relacionado al proceso penal, lo cual constituyó una violación a su derecho a la circulación y residencia y a su estabilidad laboral».
La corte señaló que el Estado reconoció su responsabilidad por la violación a los derechos al principio de legalidad y no retroactividad, y a las garantías judiciales y la protección judicial. «En consecuencia, concluyó que el Estado es responsable por la violación de los artículos 8, 9, 13, 22, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento», estableció la sentencia.
El sistema judicial ecuatoriano falló en 2011 a favor del expresidente Rafael Correa en una demanda por injurias calumniosas contra Palacio por su artículo «No a las mentiras», publicado el 6 de febrero de 2011, y a los directivos de El Universo como autores coadyuvantes.
La condena para los acusados fue de tres años de prisión y el pago de un total de 40 millones de dólares.
Ante esto, la CIDH dictaminó que tal sentencia debe quedar sin efecto y el Estado de Ecuador deberá «establecer vías alternativas al proceso penal para la protección al honor de los funcionarios públicos respecto de opiniones relacionadas con su actuación en la esfera pública».
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