Ecuador afronta su segundo día de estado de excepción decretado por el gobierno, con una baja de intensidad en las manifestaciones que estallaron por la eliminación de subsidios a los combustibles, en el marco de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional.
«El día de hoy, la casi totalidad de Ecuador está haciendo sus actividades en paz», dijo el presidente Lenín Moreno, antes de mostrar su satisfacción por «la respuesta inmensa, mayoritaria del pueblo ecuatoriano para apoyar una decisión valiente del gobierno«.
Se refería a la eliminación de los subsidios a los combustibles tras lo cual el valor del galón de diésel pasó de 1,03 dólares a 2,27 dólares, mientras que el de la gasolina extra, la de mayor consumo en el país, se elevó de 1,85 a 2,30 dólares.
Amparados en el estado de excepción, los militares despejaron las carreteras donde manifestantes protestaban por el alza de los combustibles.
En el norte de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, manifestantes atacaron y rmpieron cristales de vehículos de transporte militar.
Alfredo Tutillo, presidente de una comunidad de parroquia de Cangahua, del cantón Cayambe, informó a Efe que militares lanzaron bombas lacrimógenas en el sitio donde estaban reunidos los indígenas, los que causó heridas a 12 personas, 2 de ellas de gravedad, que fueron trasladadas a hospitales en Quito.
Dispersan en Quito
La Policía dispersó con gas lacrimógeno manifestaciones que bloquearon vías con neumáticos en llamas, así como con palos y piedras, en el norte de la ciudad.
En la capital ecuatoriana los ciudadanos se movilizaron a pie o en transporte metropolitano, en una jornada en la que también circularon autobuses de militares para apoyar a la ciudadanía.
Con datos hasta la media mañana de hoy, la ministra de gobierno, María Paula Romo, informó que 59 policías resultaron heridos en las protestas.
Calculó en 350 las personas detenidas desde que se iniciaron las manifestaciones, entre ellas dirigentes del transporte en Quito y en el sur del país.
El mayor número de detenciones (159) se registró en la ciudad costera de Guayaquil (suroeste), seguida por Quito (118), de acuerdo con Romo, que aclaró que la mayoría de casos se refiere a hechos de vandalismo el jueves.
No a la violencia
El vicepresidente Otto Sonnenholzner pidió a la ciudadanía que no confunda protesta con vandalismo. Insistió en que «el gobierno en pleno rechaza la violencia».
Aseguró que las autoridades conocen quiénes están detrás de las movilizaciones violentas contra las políticas de ajuste económico del gobierno. Dijo que ese grupo quiere sumir al «país en el caos».
El jefe de Estado apuntó en la víspera que la intención de los manifestantes que participaron en disturbios y bloquearon calles y vías del país era «desestabilizar el gobierno».
El gobernante reiteró ewste viernes su voluntad de diálogo, pero aseguró que mantendrá la eliminación de subsidios.
«Bajo ninguna circunstancia vamos a cambiar la medida, que se oiga bien, no voy a cambiar la medida. Que quede claro, se eliminó el subsidio, se acabó la zanganería, y de aquí en adelante vamos construyendo el nuevo Ecuador que todos anhelamos, que todos soñamos», dijo tajante.
Y se mostró abierto a encontrar mecanismos para paliar el efecto que pueda tener en algunos sectores la eliminación de los subsidios a los combustibles que, según dijo, son «nocivos para la economía» pues han representado pérdidas de aproximadamente 60.000 millones de dólares al país en las últimas 4 décadas.
Analizan fijar tarifas
El ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, anunció que el gobierno analiza recomendar a las compañías de transporte urbano e interurbano la fijación de tarifas para paliar el alza del combustible.
Precisó que el gobierno siempre ha mantenido la disposición de dialogar, con la intención de buscar fórmulas «que permitan encontrar un equilibrio en el precio, pues la eliminación del subsidio del diésel tiene un impacto en la tarifa de pasaje».
Añadió que se busca el diálogo con todos los sectores de transporte, pero en el caso de los taxistas, sector que calificó de «más radicalizado», se les exige que retomen la actividad antes de sentarse a la mesa de negociación. «Tienen que deponer la medida si quieren un diálogo con el gobierno», manifestó.
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