La Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), donde están integrados los principales medios de Colombia, criticó el pedido de una senadora oficialista a la Fiscalía de que allane la Revista Semana para que encuentre unas pruebas de una información que publicaron.
«Llamamos la atención sobre los graves planteamientos de la Senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta, e invitamos a la ciudadanía a realizar reflexiones conscientes, serias y responsables sobre este tema», dijo la AMI en un comunicado.
Zuleta aseguró en un tuit el pasado viernes que «la Revista Semana debe ser intervenida por la Fiscalía para que encuentren las pruebas que los llevan a hacer esta afirmación ruin», después de que este medio publicara un supuesto «explosivo testimonio» anónimo que aseguraba que el dinero que robaron de una maleta de la exjefa de gabinete presidencial Laura Sarabia pertenecía al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Se trata del maletín robado de la casa de Sarabia y cuya acusación a la niñera Marelbys Meza ha desencadenado un escándalo político que involucra intervenciones telefónicas, fuego «amigo» de parte de uno de los aliados de Petro, Armando Benedetti (exembajador en Venezuela), y la muerte en extrañas circunstancias de un policía de Presidencia.
La AMI asegura que los argumentos de la senadora son «infortunados, ligeros y equivocados» y «van en contravía del Estado de derecho, de la democracia y de las garantías constitucionales sobre la libertad de prensa, el derecho a la información y la libertad de expresión».
La Fiscalía de Colombia, tras la petición de Zuleta, emitió unos «lineamientos» para garantizar el secreto profesional y donde indica a los fiscales y a la policía judicial cómo se debe proceder en estos casos para guardar la libertad de prensa.
«Frente a actos concretos, de algún medio o periodista específico, que a juicio de un posible afectado haya obrado de manera contraria a la ley, se puede proceder como corresponde, con pruebas, bajo esa misma institucionalidad para que sea la justicia quien decida».
Y apuntó: «por el contrario, las arengas políticas, en redes, no aconsejan ese deber ser, y sí incitan emociones que se traducen en confusión que puede conllevar violencia y vías de hecho.»
Ante la polémica levantada, la senadora, que es activista medioambiental, aseguró: «Pedir que la justicia intervenga (siempre con garantías para el debido proceso) en el esclarecimiento de una denuncia tan grave y el aseguramiento de la supuesta prueba que la fundamenta, nunca será un ataque a la libertad de prensa».
Y añadió que «la libertad de prensa merece todo el respeto y la protección del Estado, pero del otro lado también están los derechos a la verdad, a la justicia independiente, al buen nombre, al debido proceso, a la defensa, derechos de los que no se puede privar a toda una sociedad».
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