Amnistía Internacional (AI) expuso ante la presidenta de Perú, Dina Boluarte, evidencias de que agentes de seguridad han hecho uso excesivo y letal de la fuerza durante la represión de las manifestaciones que desde diciembre exigen su renuncia.
«Hemos presentado las evidencias recolectadas en donde las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo y desproporcionado y muchas veces letal de la fuerza, utilizando armamento en contra de personas que protestaban». Así lo informó la directora para las Américas de AI, Erika Guevara, tras reunirse con Boluarte en el palacio presidencial de Lima este miércoles.
La abogada detalló que su documento se basa en información recabada de las propias autoridades y reúne 46 casos documentados de violaciones de derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias y criminalización de manifestantes.
Vargas reportó que durante la conversación Boluarte le aclaró varias veces que de parte de ella nunca ha habido una orden de que se usen armas letales para el control de protestas.
Agregó que pese al alegato de la mandataria de no haberla ordenado, existe una serie de pruebas de la represión letal contra los manifestantes.
Las pruebas recopiladas por AI incluyen testimonios de víctimas y familiares en Lima (centro), Ayacucho, Andahuaylas y Puno (sureste), además de entrevistas, informes oficiales y peritajes forenses.
Vargas reconoció que Boluarte escuchó muy atenta el informe y le expresó el compromiso de su gobierno de avanzar en la atención de las víctimas y sus familiares.
48 víctimas civiles
Las protestas en Perú, que estallaron luego de que la mandataria asumió el cargo en reemplazo del destituido Pedro Castillo, han dejado un saldo de 48 civiles y un policía muerto.
Un balance de la Defensoría del Pueblo señala que en enero se registraron 1.261 protestas colectivas, de las que 86,7% se relacionan a la crisis política.
El martes, organizaciones de derechos humanos informaron que denunciaron penalmente a Boluarte, sus ministros y a jefes policiales por la muerte de seis personas durante protestas en diciembre en la región Apurímac.
La denuncia se suma a otra investigación fiscal que busca determinar si fuerzas de seguridad asesinaron a manifestantes el pasado 15 de diciembre en Ayacucho.
Además de la renuncia de Boluarte respaldada por 76% de peruanos, según una reciente encuesta de Ipsos, las manifestaciones piden el cierre del Congreso, la convocatoria a elecciones generales y a una Asamblea Constituyente.
Tras el pico de movilizaciones de enero, el clamor callejero se ha reducido en la última semana.