La crisis inmobiliaria en Argentina, en un contexto de 211% de inflación anual y donde los alquileres pueden fijarse en dólares, sume a los inquilinos en el desamparo. Entre cajas vacías por una mudanza forzosa, en un departamento a medio embalar, el argentino Tomás Sislián pasa los últimos días en el hogar que lo vio independizarse de su casa familiar.
«Yo viví toda mi vida en esta zona y es horrible porque siento que me están expulsando», dijo Sislián, un productor audiovisual de 28 años que debe abandonar el departamento que alquilaba y ahora no consigue una alternativa asequible.
«Me frustra porque soy profesional, tengo dos títulos y cuatro trabajos. No puede ser que me tenga que ir a vivir a 20 kilómetros de donde viví siempre», añadió.
Pese a una intensa búsqueda que lleva más de seis meses, no consigue vivienda que no quintuplique su alquiler actual o esté valuada en dólares, una moneda refugio de ahorro en Argentina, pero cuyas oscilaciones pueden hacer variar también el precio de un alquiler en divisas.
El problema inmobiliario lleva años en curso en Buenos Aires. Sin embargo, la crisis se agudizó para los inquilinos luego de una fuerte devaluación de más de 50% del tipo de cambio oficial en diciembre, que atizó la inflación y en consecuencia redujo el poder adquisitivo de los argentinos.
Solo en diciembre, los precios aumentaron 25,5% en este país sumido en la crisis económica.
Foto: Luis ROBAYO / AFP
El gobierno del ultraliberal Javier Milei, quien asumió el 10 de diciembre, derogó además leyes que regulaban los términos de contratación de los alquileres, que ahora pueden fijarse en dólares.
En el caso de Sislián, las dueñas del departamento no renovaron el contrato de alquiler alegando, sin dar explicaciones, que «la situación del país está complicada», relató.
«Gente desesperada»
La crisis económica argentina afectó especialmente a los inquilinos, con aumentos acumulados en el último año de 285% a 309% para alquileres de viviendas de una a tres habitaciones, según un relevamiento del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz.
«Recibimos gente desesperada que nos dice que no sabe dónde va a vivir mañana», relata Gervasio Muñoz, presidente de la organización Inquilinos Agrupados, que vela por los derechos de los arrendatarios de Argentina.
En los últimos años, distintas organizaciones de inquilinos lucharon por la «Ley de alquileres», sancionada en julio de 2020, que preveía un plazo mínimo de locación de tres años y ajustes con un índice que promediaba el aumento de los salarios y el de la inflación.
Pero, a través del ambicioso decreto de necesidad y urgencia promulgado por Milei y que entró en vigencia el 29 de diciembre, se derogó esa legislación. Ahora, las condiciones dependen exclusivamente de las partes que negocian.
«¿Por qué el Estado debe meterse en la vida de los privados?», planteó el presidente libertario en incontables ocasiones para referirse a esa y otras regulaciones estatales.
Foto: Luis ROBAYO / AFP
Como resultado, ahora «vemos que no solo no hay oferta, sino que las condiciones para renovar un contrato vienen con aumentos del 500% y renovaciones mensuales atadas a la inflación», señala Muñoz.
En el Ejecutivo piensan que la mejor forma de mejorar la escasa oferta de viviendas para alquilar es quitar toda posible regulación del Estado. Incluso la que obligaba a las partes a pactar un precio en pesos.
Reducción salarial
Según explicó el economista Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política de Argentina, el impacto de la devaluación en el mercado inmobiliario es indirecto y la problemática argentina es parte de un fenómeno global.
Sin embargo, la reducción del poder adquisitivo de los inquilinos es un hecho particular porque, en Argentina, «la polea principal de transmisión del proceso inflacionario es el tipo de cambio», aseguró.
«Habitualmente, cuando hay una devaluación en Argentina hay un efecto directo sobre los precios. Y los salarios tienden a actualizarse últimos. Por eso se produce la pérdida de poder adquisitivo», explicó.
Inquilinos Agrupados presentó un recurso de amparo para anular el decreto que elimina la legislación que mediaba entre propietarios e inquilinos.
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