El presidente de Colombia, Gustavo Petro, presentó el jueves 11 de julio ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) un informe sobre los avances del Acuerdo de Paz de 2016 con el grupo rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El informe, que cubre el período del 27 de marzo al 26 de junio de 2024, destaca las importantes medidas adoptadas por el gobierno de Petro para coordinar las entidades estatales y civiles para la implementación exitosa del acuerdo de paz.
Sin embargo, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia también constató cómo sectores han venido expresando opiniones progresivamente más divergentes sobre las políticas sociales del gobierno, lo que “pone de relieve la necesidad de consenso y unificación de esfuerzos para superar los desafíos persistentes en la consolidación de la paz”, según el informe.
¿Qué dice el informe del Acuerdo de Paz de Colombia?
Entre los temas relevantes indicados por la entidad está el señalamiento del presidente Petro sobre tres aspectos clave que han dificultado la vigencia del acuerdo:
- La implementación de la reforma agraria rural integral,
- La transformación de territorios que han sido fuertemente afectados por el conflicto,
- La exposición de relatos veraces de lo ocurrido durante el conflicto.
Estos puntos también fueron planteados por Petro durante su intervención en el Consejo de Seguridad de la ONU. “La reforma rural fue ignorada. De los 3 millones de hectáreas prometidas en el cambio de tenencia de la tierra, solo se han intercambiado 17.000. Mi gobierno ha intercambiado 183.000”, afirmó .
El mandatario afirmó: “El esclarecimiento de la verdad sobre los hechos ocurridos durante el conflicto armado se ha fragmentado en diferentes tribunales: los paramilitares van a los tribunales de Justicia y Paz, los guerrilleros y militantes de las FARC van a la Jurisdicción Especial para la Paz, pero las fuentes reales de la violencia van a los procesos de justicia ordinaria”.
¿Qué otros avances se señalan en el Informe del Acuerdo de Paz de Colombia?
Otros avances notables que el informe señaló incluyen la primera revisión del plan que guía la política pública para la implementación del Proceso de Paz (Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz), y un plan de emergencia anunciado por el Departamento Nacional de Planificación e Implementación del Proceso de Paz para hacer cumplir los objetivos del acuerdo.
La entidad elogió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo de justicia transicional de Colombia establecido en el Proceso de Paz de 2016, por emitir sus primeras sanciones en el caso de secuestros cometidos por las FARC, y también elogió los actuales diálogos de paz del gobierno con seis grupos armados ilegales.
Sin embargo, el documento alertó sobre la violencia política y las tensiones relacionadas con la JEP después de que el partido político Comunes, integrado por excombatientes de las FARC, afirmó que había perdido su foco después de siete años de funcionamiento.
El martes, el gobierno colombiano anunció que pondría fin al cese el fuego con la facción más grande de las FARC-EMC, grupo rebelde disidente que abandonó el acuerdo de paz original de 2016, lo que pone en peligro las futuras negociaciones de paz. Una facción más pequeña del grupo permanecerá en el acuerdo de cese el fuego con el gobierno.
Declaraciones en el Consejo de Seguridad
A la luz del informe, el Consejo de Seguridad estuvo acompañado por el presidente Petro, Carlos Ruiz Massieu, representante del secretario general para Colombia, y Diego Tovar, excombatiente de las FARC.
Ruiz Massieu destacó el coraje demostrado por los excombatientes de las FARC al dejar las armas y reintegrarse a la sociedad y a la vida política. Sin embargo, también observó que el principal desafío radica en la sostenibilidad de esa reintegración.
“La implementación del acuerdo debe ir de la mano con estrategias complementarias para desactivar la violencia persistente. Las comunidades requieren la implementación de las garantías de seguridad previstas en el acuerdo en un contexto de mayor presencia del Estado, complementadas con medidas de reducción de la violencia”, afirmó Ruiz Massieu.
El representante también habló directamente con el presidente Petro, afirmando que la ausencia de violencia en los territorios afectados por el conflicto armado fue breve tras la firma de los acuerdos, y que la expansión de otros grupos armados dificultó aun más la dinámica del conflicto en esas zonas.
“La inseguridad es, claramente, el principal obstáculo para la reintegración y el éxito del proceso de paz. Desde la firma del acuerdo, 421 signatarios han sido asesinados”, advirtió el representante.
Otro momento importante de la jornada fue el discurso de Tovar, quien firmó el Acuerdo de Paz en 2016 y antes era conocido por su nombre de guerra Federico Montes, según la Comisión de la Verdad colombiana. Se trata de la primera vez que un exmiembro de las FARC asiste en persona a una reunión del Consejo de Seguridad.
“Señor presidente, la violencia en los territorios continúa destruyendo la vida de comunidades enteras y limitando la autoridad de las instituciones actuales para cumplir con sus responsabilidades”, afirmó Tovar.
Según el excombatiente, la preocupación de los firmantes es el nivel de violencia que enfrentan los exmiembros de las FARC al reintegrarse a la sociedad, y los niveles de impunidad que enfrentan cuando estos casos son investigados por los mecanismos de justicia ordinaria.
“El Estado debe cumplir con sus obligaciones con las mujeres y los hombres que depusieron las armas en una solución negociada después de décadas de guerra, queriendo trabajar por la paz”, insistió Tovar.
En respuesta, Petro afirmó que no ha habido una expansión de la violencia en Colombia, sino que esta se ha ido conteniendo geográficamente en las zonas más afectadas por el conflicto anterior con las FARC.
También afirmó que su gobierno es el que más avances ha hecho a favor del acuerdo y anunció que propondrá una vía rápida al Congreso de Colombia para aprobar leyes que permitan la rápida implementación del acuerdo de paz.
“Ahora debemos presentar cambios en la ley que permitan hacer realidad los productos del Acuerdo de Paz, es decir, la reforma rural integral, un plan de salud, un plan de vivienda, la verdad integral y no fragmentada, y la integración de los territorios al desarrollo nacional”, afirmó el presidente .
Los puntos para mejorar el acuerdo
Petro también presentó ocho puntos para mejorar la implementación del Acuerdo de Paz de Colombia:
- Financiar la inclusión territorial en el desarrollo, priorizando la inversión en territorios afectados por la guerra,
- Cambio en la distribución del Sistema General de Participaciones para permitir la canalización de recursos a estos territorios, lo que permitiría financiar sus proyectos de salud, educación, infraestructura e inversión.
- Liberen de la cárcel a los campesinos productores de hoja de coca,
- Optimización y nuevas inversiones obligatorias orientadas a la sustitución productiva de las economías ilícitas y una vía hacia la agroindustrialización,
- Creación de una figura de concesión familiar hereditaria en las regiones selváticas de Colombia,
- Reforma agraria que incluya la modificación de las legislaciones vigentes para la compra administrativa expresa de tierras, además de la transformación de la Agencia Nacional de Tierras en una entidad estructurada por proyectos con acceso al crédito y una formalización de títulos con mecanismos especiales,
- Un sistema unificado de verdad, justicia, reparación y reconciliación para todos los actores del conflicto,
- Ampliar el período de implementación del acuerdo por siete años más.
El presidente finalizó su discurso proponiendo que los miembros del Consejo financien la implementación del acuerdo a través de un método que ayude a mitigar el riesgo de endeudamiento del gobierno colombiano.
“¿Cómo se puede cumplir el Acuerdo de Paz si el gobierno colombiano enfrenta un estrangulamiento presupuestal? Mi propuesta no es una petición para países individuales… es para fortalecer la capacidad financiera del Estado colombiano”, planteó.
El futuro del acuerdo de paz en Colombia
El gobierno colombiano, encabezado por el entonces presidente Juan Manuel Santos, inició conversaciones de paz con la guerrilla de las FARC-EP en 2012, después de 48 años de conflicto armado, según la Comisión de la Verdad de Colombia.
El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto se firmó en La Habana, Cuba, en 2016, poniendo fin a la guerra del Estado con el mayor grupo armado ilegal del país, según la entidad.
Con el acuerdo, los miembros de las FARC se comprometieron a dejar las armas y reintegrarse a la sociedad civil, y el Estado colombiano estableció mecanismos de justicia transicional en los que debían participar víctimas, excombatientes de las FARC y miembros de las fuerzas militares, según el acuerdo.
La Universidad del Rosario de Colombia destaca seis temas claves que el Acuerdo busca resolver: política de desarrollo agrario integral, participación política, solución al narcotráfico, víctimas, fin del conflicto y desarme efectivo, y ratificación del acuerdo.
Sin embargo, el informe de la semana pasada a las Naciones Unidas destaca la necesidad de una acción cohesiva gubernamental e interinstitucional para cumplir con el Proceso de Paz. En particular, la reforma rural integral ha quedado rezagada, aunque se han adoptado estrategias para acelerar el proceso de restitución de tierras a las víctimas.
Además, y como lo reiteraron tanto Ruiz Massieu como Tovar en el Consejo de Seguridad, el informe señala que ha habido un creciente descontento por parte de los desmovilizados de las FARC y de los representantes del partido político Comunes por el incumplimiento del gobierno de las políticas de restitución de tierras, la violencia y la estigmatización.
Según el documento , “la situación podría mejorar significativamente con una implementación más rápida de los marcos interinstitucionales, políticas públicas y procesos de toma de decisiones que son claves para la protección y seguridad de las poblaciones priorizadas del Acuerdo Final”.
Sin embargo, la participación directa de las víctimas en los procesos en curso como parte del Proceso de Paz fue debidamente celebrada por las Naciones Unidas.
“Tengo confianza en que el gobierno del presidente Petro liderará un esfuerzo conjunto con todas las entidades del Estado para lograr sus trascendentales objetivos. Si bien se trata de un esfuerzo esencialmente colombiano, el apoyo de la comunidad internacional y de este Consejo en particular, seguirá siendo de suma importancia”, afirmó el representante Ruiz Massieu.
Por Salomé Beyer Vélez en Latin America Reports
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