Entre mayo de 2022 y el mismo mes de 2023, más de 220 personas y 25 organizaciones en 40 países de todo el mundo sufrieron amenazas y represalias, en ocasiones por parte de actores estatales, tras cooperar con Naciones Unidas, denunció este jueves un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Entre los países citados figuran Bielorrusia, China, Colombia, Cuba, Francia, Guatemala, India, Irán, México, Nicaragua, Rusia y Venezuela.
«Defensores de derechos humanos y otros actores de la sociedad civil sufren una creciente vigilancia y continúan sufriendo tácticas legales, limitaciones a su movilidad y amenazas, o recibiendo penas de prisión por cooperar con la ONU y sus mecanismos», resumió el texto presentado ante el Consejo por la asistente del secretario general para derechos humanos, Ilze Brands Kehris.
Ante ello, se advierte un incremento de las personas que deciden rechazar las peticiones de cooperación con Naciones Unidas, o las que sólo las aceptan si su labor se mantiene en el anonimato.
Casi la mitad de los países señalados en el informe han aplicado o han dictado leyes que castigan la cooperación con Naciones Unidas, a medido bajo el paraguas de luchar contra el terrorismo o defender la seguridad nacional.
«Estos marcos legales representan graves obstáculos a veteranos socios de Naciones Unidos en todo el mundo, ya que fueron usados para dejar fuera de la ley a algunos de ellos, registrar sus oficinas, o interrogar, amenazar y juzgar a su personal», lamenta el documento.