El 7 de julio de 2021, Haití amanecía con la noticia de que su presidente, Jovenel Moise, acababa de ser asesinado en su casa por un comando armado.
Un año después, las investigaciones están en punto muerto, los instigadores y los motivos del crimen siguen sin conocerse y el clima político en el país continúa deteriorándose.
Aquel día, los atacantes entraron a la residencia del presidente sin que las unidades de élite encargadas de su protección hicieran algo para detenerlos.
Un año del asesinato del presidente de Haití
Unas horas más tarde, la policía haitiana arrestó a una veintena de personas, incluidos 18 exsoldados colombianos.
Pero los procesos judiciales posteriores, realizados tanto en Haití como en Estados Unidos, avanzan con lentitud.
Desde la muerte de Moise, la presidencia está vacante y no hay fecha prevista de elecciones para designar a su sucesor. Cinco jueces de instrucción se sucedieron en este caso, sin acusar formalmente a ninguna de las cuarenta personas encarceladas, incluidos los colombianos que presuntamente integraron el comando.
Justicia a la deriva
La justicia está más a la deriva que nunca: desde hace un mes, las oficinas de la fiscalía en Puerto Príncipe las ocupa una de las muchas bandas criminales que controlan porciones enteras del territorio haitiano.
La posible participación del primer ministro Ariel Henry en el asesinato ha frenado aún más la investigación judicial.
Designado apenas dos días antes del magnicidio, Henry es sospechoso mantener conversaciones telefónicas con uno de los principales acusados pocas horas después del atentado.
Viuda del presidente de Haití
Invitado por el fiscal a dar explicaciones, el jefe de gobierno no se presentó y luego destituyó al magistrado, designando a un nuevo ministro de Justicia.
Ello llevó a la viuda del presidente, Martine Moïse, gravemente herida durante el atentado, a rechazar asistir a las ceremonias de homenaje a su difunto marido, oficiadas por un jefe de gobierno sobre el que pesan «serias presunciones de que pudo haber asesinado al presidente de la República», según dijo.
Una breve ceremonia tuvo lugar en la mañana de este jueves en el corazón del jardín del Museo del Panteón Nacional, en la capital.
Piden localizar a los culpables
«A pesar de su debilidad, la justicia debe seguir haciendo todo lo posible para localizar a los culpables, llevarlos ante los jueces e imponerles sentencias ejemplares y disuasorias», dijo Ariel Henry ante funcionarios y diplomáticos extranjeros.
«La muerte del presidente debe ser el acto final en un período de ignominia e intolerancia», agregó.
El mismo día, en el centro de Bogotá una treintenta de manifestantes exigió «justicia y verdad» con los exmilitares colombianos detenidos en Haití por su presunta participación en el magnicidio.
Juicio justo
«Queremos un juicio justo para ellos ya que ha pasado un año y estamos como si fuera el primer día. A ellos no los escucharon», dijo a la AFP Amalia Guzmán. Quien además es esposa de uno de los presos.
El parlamento no funciona desde hace dos años. Desde su llegada al poder en 2017, Moise no había convocado elección alguna.
Hoy Haití tampoco tiene presidente, y la Corte de Justicia no está operativa por falta de jueces.
Mientras tanto, la justicia estadounidense inculpó a tres personas por el asesinato de Moise, actualmente detenidas en Miami.
Complot contra presidente de Haití
La policía judicial haitiana estableció, en su informe de investigación, que el complot contra el presidente se urdió en el estado de Florida y que los mercenarios colombianos fueron reclutados por una empresa de seguridad basada en Miami.
En enero pasado, Mario Palacios, un ciudadano colombiano sospechoso de ser uno de los cinco hombres armados que ingresaron a la habitación donde asesinaron al presidente. Y Rodolphe Jaar, un haitiano-chileno, fueron formalmente inculpados.
En junio se les sumó el exsenador haitiano John Joel Joseph, acusado de complicidad en el asesinato.
Miembro del comando arrestado en aeropuerto
Un cuarto presunto miembro del comando se arrestó en el aeropuerto de Estambul en noviembre. Pero la justicia turca rechazó el lunes la solicitud de extradición de Haití y ordenó su liberación.
Familiares de los mercenarios detenidos en Haití y el gobierno de Colombia denuncian maltrato y lentitud en el proceso judicial.
«Es totalmente irregular que haya unas personas detenidas por tanto tiempo sin que tengamos (…) un proceso que esté avanzando», dijo la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez.
Pruebas clasificadas como secretas
En abril un juez estadounidense decidió clasificar como secretas algunas pruebas, dando así un golpe al proceso judicial en curso.
El magistrado tomó esa medida porque entre los acusados figuran dos antiguos informantes de la agencia antidrogas estadounidense DEA y un exinformante del FBI.
«No vemos con buenos ojos que Estados Unidos haya decidido proteger algunas informaciones. Toda una parte de esta historia seguirá siendo secreta», comentó una fuente judicial haitiana.