La policía española, con la colaboración de Europol, detuvo a 69 personas en España tras desmantelar dos organizaciones criminales que regularizaron a más de mil migrantes chinos con contratos ficticios o empadronamientos fraudulentos, que les proporcionaron cinco millones de euros de beneficios.
Los principales responsables de la red criminal, que disponían de ramificaciones en muchas ciudades de España, eran quienes contactaban con los clientes y determinaban las tarifas exigidas.
Contaban con la colaboración de gestorías y despachos de abogados
Luego, una amplia red de colaboradores dotaba a ambas organizaciones de la infraestructura empresarial necesaria, facilitando contratos laborales ficticios y empadronamientos para extranjeros en domicilios donde nunca llegaban a residir.
Ambas organizaciones contaban con la colaboración de gestorías y despachos de abogados para la gestión de documentación con el fin de conseguir tarjetas de residencia de forma indebida, que cobraban a entre 500 y 1.000 euros por cada persona extranjera.
Los implicados también aleccionaban a los extranjeros para las entrevistas que tenían durante el proceso de solicitud de arraigo y les aportaban documentación falsa para simular que viajaban a España para emprender un negocio ficticio a fin de obtener visados tipo D e, incluso, gestionaban matrimonios de conveniencia con el objetivo de conseguir más fácilmente la residencia o nacionalidad.
Cobraban entre 3.000 y 20.000 euros por persona, dependiendo del mecanismo utilizado para su regularización.