Las manifestaciones, las huelgas y la denuncia de los excesos del gobierno de Venezuela ante organismos internacionales han sido algunas de las acciones que la oposición venezolana ha ejecutado en los últimos años para conseguir la renuncia de Nicolás Maduro de la presidencia o que se celebren elecciones en condiciones transparentes.
Sin embargo, en un futuro la realización de cualquiera de las tres podría conllevar a consecuencias aún más duras que las sufridas hasta ahora. ¿La razón? El chavismo analiza proscribirlas en la nueva constitución.
Así lo deja en claro la propuesta que Jorge Rodríguez, dependiente del Ministerio de Educación Universitaria, remitió a la cuestionada asamblea constituyente elegida hace un año con el propósito de elaborar un nuevo texto fundamental.
En el borrador, uno de los pocos que ha circulado, se incorporan tres nuevos artículos relacionados con la “Defensa del texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela”, en los cuales se califica como “traición a la patria” el grueso de las iniciativas que los opositores han venido ejecutando.
De incorporarse los cambios, “el venezolano que realice gestiones ante cualquier Estado u organismo internacional, dirigidas a la intervención de Venezuela por un país o Estado extranjero” será procesado por el delito antes mencionado, el cual acarrea entre 20 y 30 años de cárcel.
La misma suerte correrá quien “ejerza acciones dirigidas a lograr el cerco internacional de la República en el orden financiero, comercial y de cualquier otra naturaleza, orientados a perturbar la producción, distribución e intercambio de alimentos, medicamentos o cualquier otro bien o servicio necesario para resolver problemas de alimentación, salud, educación, recreación o cualquier otra necesidad del pueblo, con la finalidad de generar conflictos que se asuman como justificación para la intervención de la república por un país o Estado extranjero”.
Traidores a la patria
Pero los cambios no solo van dirigidos a impedir que dirigentes opositores insistan con sus contactos con funcionarios de otros gobiernos o de instancias como la OEA o la ONU para solicitarles que adopten medidas contra jerarcas chavistas, sino también contra los ciudadanos de a pie.
Así, por ejemplo, aunque el derecho a manifestarse continuaría siendo reconocido formalmente, el mismo será seriamente restringido de aprobarse el tercer y cuarto numeral del nuevo artículo 409, los cuales califican como “traidores a la patria” a quienes busquen “perturbar el normal funcionamiento” de centros de salud, educativos, organismos públicos o la circulación vehicular y peatonal.
En el borrador, de 167 páginas, también se propone que los extranjeros que sean señalados de participar en alguna de las acciones antes mencionadas serán expulsados del país y en el caso de tener la nacionalidad venezolana le será revocada.
Meses atrás el constituyente Hermann Escarrá adelantó que las reformas que el oficialismo quería hacerle a la Carta Magna buscaban reforzarla.
“Hay que dotar a la constitución de mecanismos para defenderla en caso de un golpe de Estado como el que ocurrió en abril del 2002. La Constitución anterior, por ejemplo, tenía el artículo 250, el cual establecía que ella no perdería su vigencia si fuese derogada por un acto de fuerza y autorizaba al congreso a decretar, mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros, la incautación de todo o parte de los bienes de esas mismas personas y de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo de ese golpe […] Asimismo, la Constitución no prevé nada para situaciones inéditas como la que estamos viviendo, donde un poder del Estado, controlado por una mayoría circunstancial, se coloca en rebeldía y desacata las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no hay manera jurídica de forzarlo a cumplirlas”, afirmó.
Esta última figura en el borrador, el cual le otorga al presidente la potestad de disolver el parlamento en caso de que este desacate las resoluciones del máximo juzgado. De igual modo, se amplía el período presidencial de seis a siete años.
Más socialismo
En un intento por evitar críticas en el seno del chavismo, en virtud de que la Constitución de 1999 es considerada el principal legado del fallecido Hugo Chávez, en la propuesta se plantea incorporar 70 artículos nuevos y se reescriben buena parte de los 350 existentes para agregar conceptos como el “socialismo” y el “Poder Popular”, que ya el desaparecido mandatario trató de adicionar en la reforma a la Carta Magna que impulsó en el 2007 y que fue rechazada por la mayoría de los venezolanos en un referendo, el cual supuso su primera derrota electoral.
Sin embargo, en el oficialismo no solo estudian incorporar términos, sino que quieren desaparecer otros. Uno de ellos, el de propiedad privada, el cual se transformaría en “particular”. Este asunto ya fue propuesto por Chávez y según varios analistas fue una de las razones por las que naufragó su reforma hace más de una década.
Por último, en el borrador también se propone modificar el actual artículo 19 de la constitución para suprimir el “principio de progresividad de los derechos”, lo cual abriría las puertas a arrebatar derechos ya conquistados y legalizar medidas polémicas como el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El tiempo dirá si estas propuestas se materializan, pues del chavismo no han dado señales de sus intenciones, salvo para negar que temas como la eutanasia o el matrimonio homosexual sean aprobados.