Uno de los intentos del gobierno de Nicolás Maduro para atraer divisas fue la activación de la Zona Económica Especial dela Frontera, el 26 de agosto pasado. 33 empresas fueron autorizadas a funcionar en las localidades de San Antonio y Ureña para ofrecer textiles, vidrio, plástico, calzado y productos agroalimentarios y metalmecánicos.
Los compradores debían llevar los dólares, euros o pesos colombianos a una casa de cambio –la única que funciona en frontera por disposición gubernamental–, en la que obtendrían una tarjeta electrónica equivalente a 1.000 dólares a tasa Dicom para hacer las compras. Las intenciones de generar las condiciones y fortalecer el aparato productivo nacional, como lo anuncio Maduro en su momento, duraron poco.
“A las dos semanas los negocios se retiraron de ese sistema. Eso fue una improvisación. En este momento no hay ningún negocio con ese sistema de pago que pretendió aplicar el gobernador de Táchira para ese entonces, José Vielma Mora. Qué extranjero va a transar a tasa oficial cuando la brecha cambiaria es enorme con respecto al mercado paralelo. Denunciamos que eso serviría para lavado de dinero, pero a la larga ni para eso funcionó”, dijo irónicamente Carlos Chacón, concejal de San Antonio del Táchira.
José Rozo, ex presidente de Fedecámaras-Táchira y de la Cámara de Comercio e Industria de San Antonio, aseguró que las grandes compañías de la entidad que producían y abastecían a Táchira y otros estados –ya no están operando debido a la difícil situación económica– no fueron tomadas en cuenta en la activación de la Zona Económica de Frontera.
Explicó que estos proyectos no se llevan a acabo solo por decreto, sino que el gobierno debió hacer inversiones en vialidad y servicios básicos para que funcionara la ZEE de frontera.
“Lo que hay es una zona comercialmente decaída. Se ha reducido 70% la capacidad instalada de producción del sector industrial. Hoy lo que reina es el comercio informal. Las personas fueron lanzadas a la calle no porque las empresas quisieran, sino porque las condiciones los obligan a dedicarse a la informalidad que quizás les genera mayores ingresos”, dijo Rozo.
Del lado colombiano. A diferencia de la Zona Económica Especial de Frontera San Antonio-Ureña, en el lado de Colombia es muy distinta la situación. Rozo indicó que al departamento Norte de Santander han llegado inversiones de Venezuela.
“A Colombia han ingresado, en los últimos años, 10.000 millones de dólares producto de inversiones de la pequeña y mediana industria venezolana. Cúcuta y Bucaramanga han sabido canalizar estas inversiones”, sostuvo Rozo.
El lado colombiano, afectado también por el bloqueo unilateral de los pasos fronterizos ordenado por Maduro en agosto de 2015, hubo la búsqueda de nuevos mercados para generar dinero y empleo. En 2017 las exportaciones de Norte de Santander crecieron 76,5%, al pasar de 119 millones de dólares en 2016 a 210 millones de dólares el año pasado, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia. Las cifras ubicaron a Norte de Santander en el puesto 19 en Colombia en ventas al exterior.
El economista y profesor universitario Aldo Contreras señaló que la iniciativa venezolana es similar a lo que se pretendió hacer con la Zona de Integración Fronteriza en la Comunidad Andina de Naciones. “Se decretó la Zona Económica Especial de Frontera, pero no se hizo algo sustancioso como un acuerdo binacional que regule la frontera”.