El rol de la petrolera estadounidense Chevron ha sido una constante ficha de negociación entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela. Ello, en gran medida, por su importancia en la producción petrolera venezolana, que para finales de febrero de este año representaba casi 25% del millón de barriles diarios que extraía el país, según datos de las agencias Bloomberg y Reuters.
La petrolera reanudó sus operaciones en Venezuela en noviembre de 2022, cuando la administración del expresidente Joe Biden emitió la Licencia General 41 que le permitió exportar petróleo venezolano como una excepción en medio de las sanciones internacionales que pesan sobre Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Sin embargo, dicha excepción estaba condicionada a un factor que no se cumplió: la mejora de las condiciones democráticas en Venezuela, la realización de elecciones presidenciales libres y justas, y el reconocimiento de los resultados de éstas. Si bien los comicios se realizaron, la oposición probó que su candidato, el presidente electo Edmundo González Urrutia, ganó con casi 70% de los votos, de acuerdo con las actas emitidas por las máquinas de votación dispuestas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Ahora, luego de que el gobierno de Estados Unidos considerara que los acuerdos se incumplieron (incluyendo el recibimiento de vuelos de deportación de venezolanos), la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro implementó la Licencia General 41A, que fijó el próximo 3 de abril para que Chevron finalice sus actividades en Venezuela.
El nuevo período para cesar operaciones es mucho más corto que el de seis meses que estaba estipulado en la Licencia General 41. Y esto, considerando que las empresas mixtas (Petropiar, Petroboscán y Petroindependencia) de Chevron con Pdvsa representan una proporción cada vez mayor de la totalidad de producción petrolera de Venezuela (alrededor de 250 mil barriles diarios de crudo), podría tener un impacto negativo a corto plazo tanto en los ingresos del Estado venezolano como en la capacidad de satisfacer la demanda interna de divisas, según analistas.
Chevron representaba una ayuda financiera para el gobierno de Maduro
En el corto plazo, la revocación de la licencia a Chevron resulta un importante golpe para las arcas públicas venezolanas. La economía de Venezuela es tan dependiente de la producción petrolera que al menos 85% de los ingresos en divisas que percibe el país provienen de ese sector, estima la consultora Ecoanalítica. Y, de ese total, aproximadamente 30% las generaba la petrolera estadounidense, precisó el economista Asdrúbal Oliveros, socio y director de la firma.
A pesar de que no hay datos oficiales públicos sobre la cantidad exacta percibida por el Estado por esas actividades, la proyección es que las empresas mixtas gestionadas entre Chevron y Pdvsa hayan reportado unos 4.000 millones de dólares al fisco nacional en los últimos dos años por concepto de impuestos y regalías. Esa cantidad, sostiene Ecoanalítica, representó una cuarta parte de los ingresos totales del gobierno venezolano en ese período.
Gran parte de esos dólares generados por Chevron, además de invertirse en las labores petroleras, también se usaban para nutrir de divisas el mercado cambiario venezolano, según informó Bloomberg. Los dólares se convierten en bolívares y se canalizan a través de bancos privados, que los usan para conceder préstamos a empresas e impulsar el crecimiento económico, de acuerdo con la agencia de noticias.
En medio de este escenario, de efectivamente mantenerse la suspensión de las actividades de Chevron, Oliveros aseguró que la entrada de menos divisas al país contribuirá a la devaluación del bolívar y, por ende, el incremento en el precio del dólar e inflación.
“Se deteriora el escenario: caída de producción petrolera y de ingresos, mayor devaluación e inflación. Por lo tanto, menor expectativa de crecimiento. Y, en ese entorno, las empresas tienen que ser más conservadoras y la población también (con los gastos)”, explicó el economista en entrevista con el periodista Román Lozinski por el Circuito Éxitos.
Escasa transparencia en las actividades
Cuando la administración de Joe Biden otorgó las licencias que permitieron a las petroleras Chevron, Eni, Maurel & Prom y Repsol restablecer actividades comerciales en Venezuela, las autoridades estadounidenses argumentaron que los permisos permitirían aumentar la transparencia en el sector petrolero venezolano, contribuirían a la seguridad energética global y reduciría la migración de venezolanos.
El propio Nicolás Maduro aseguró que la producción petrolera tuvo un promedio de 1.057.000 barriles diarios en enero, aunque las cifras de la OPEP lo contradicen, y prometió que aumentaría hasta el millón y medio de barriles
Sin embargo, aunque la industria petrolera se ajustó a canales regulares de exportación debido a las actividades de las compañías occidentales, el gobierno venezolano no ha aportado datos sobre dónde y cómo gasta el dinero de los ingresos petroleros. Adicionalmente, analistas advierten que también se han mantenido las actividades petroleras opacas con alianzas con China, Rusia y empresas pantalla.
Diferentes dirigentes de la oposición, congresistas estadounidenses y organizaciones internacionales han advertido que los ingresos de las actividades de Chevron en Venezuela permitieron al gobierno de Maduro financiar la represión gubernamental.
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