ECONOMÍA

Evaluarán posponer por dos o seis meses audiencia sobre ofertas de Citgo

por El Nacional El Nacional

El juez Leonard Stark, a cargo del caso Crystallex en Venezuela, recibió el pasado viernes dos solicitudes separadas que podrían influir en el futuro de Citgo Petroleum.

La primera solicitud, anunciada por el sindicalista Iván Freites, es que se suspenda por 180 días la audiencia del caso con el argumento de que hay evidencias de fraude, tergiversación y mala conducta por parte de autoridades venezolanas y sus asociados. Tales evidencias, continuó Freites, podrían agravar las denuncias presentadas en el tribunal por el ingeniero Jorge Alejandro Rodríguez.

La segunda petición, presentada por el funcionario del tribunal de Delaware Robert Pincus, es que se apruebe una prórroga de 60 días para finalizar la evaluación de las ofertas en la subasta de las acciones de la matriz de Citgo, basada en una supuesta complejidad de las ofertas analizadas y que fueron presentadas hace aproximadamente tres semanas.

La solicitud introducida por Freites se basa en evidencia reciente que sugiere actividades fraudulentas y tergiversaciones por parte de las autoridades venezolanas (Asamblea Nacional 2015, Asamblea Nacional 2020, CAPA), Pdvsa y Citgo. La moción destaca que el resultado del caso de Crystallex contra Venezuela impactará gravemente en la posibilidad de que los pequeños acreedores, especialmente los trabajadores, obtengan el resarcimiento  que merecen.

Pincus, por su parte, requiere una extensión hasta el 19 de septiembre para completar su evaluación de las ofertas y negociar los términos finales de venta. El funcionario alega que la prórroga es necesaria para aclarar los detalles de varias ofertas y asegurar que la mejor oferta posible sea seleccionada. Pincus también pidió permiso para considerar ofertas no solicitadas si se determina que son «más altas o mejores» que las recibidas antes de la fecha límite del 11 de junio.

Según fuentes cercanas al asunto, ninguna de las ofertas actuales cumple con el total de reclamaciones de 21.300 millones de dólares presentadas contra Venezuela, lo que hace previsible el retraso en la decisión. La subasta, que incluye las acciones de una de las empresas de refinación de petróleo más grandes de Estados Unidos, se esperaba que condujera a un cambio de propiedad  para satisfacer parte de las enormes deudas de Venezuela.