El abogado tributarista y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), José R. Belisario, advirtió recientemente que un número importante de empresas en el país podrían enfrentar multas millonarias en dólares por sanciones impuestas por enteramiento tardío del Impuesto al Valor Agregado (IVA) antes de la reforma del Código Orgánico Tributario de 2020, donde se cambió la unidad tributaria por el tipo de cambio de mayor valor como unidad de cuenta.
«Desde el año 2018 hasta esta fecha la UT ha sido ajustada numerosas veces y por varias veces su valor, lo que ha resultado en que empresas que originalmente tenían multas por un valor aproximado de 50.000 dólares hoy día tienen una contingencia superior a los 50 millones de dólares, lo que es un despropósito, pues no hay inflación o devaluación que justifique tal ajuste», indicó Belisario en Twitter.
Alertó que si el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) ejecuta esas multas no hay empresas o instituciones privadas que sean capaces de pagar sumas tan elevadas.
«Uno se hace es si el gobierno nacional está consciente del factor desestabilizador de la débil, pero recuperada economía venezolana que tiene sobre su cabeza esta espada de Damocles», manifestó.
Belisario propone que tanto el sector privado como especialmente el gobierno venezolano establezcan un diálogo para hablar sobre esta situación y tratar de llegar a algún tipo de acuerdos.
«Es un despropósito que en algún momento la Administración Tributaria pretenda cobrar estas multas», señaló.
El abogado explicó que el incumplimiento de los enteramientos del IVA se produjo debido a factores como la aplicación de un esquema de liquidación semanal del tributo recaudado, ordenado por la asamblea nacional constituyente, la desincorporación de la Banca privada como agente de retención de fondos nacionales y la paralización por la pandemia de covid-19.
Esta situación tuvo como resultado una avalancha de reparos fiscales y la imposición de multas que se ajustan, como una base a una norma del Código Orgánico Tributario, que el abogado califica como inconstitucional.