Al mejor estilo del conclave en el que se elige a un nuevo Papa, se llevó a cabo la reunión del alto mando de la Liga Profesional de Baloncesto, en el que se tomó la decisión sobre el destino de la final que llevan a cabo los conjuntos Guaros de Lara y Trotamundos de Carabobo.
Tras la protesta del Expreso Azul por el caso del jugador Gregory Vargas, la Junta Directiva del circuito, que es presidida por Allison Chacón, decidió mantener el triunfo de la escuadra barquisimetana en el sexto enfrentamiento y reanudar las acciones con la disputa del séptimo juego, el sábado a las 7:30 pm en el Domo Bolivariano de la capital larense.
Los argumentos expuestos por Trotamundos no convencieron a los propietarios y gerentes de equipos, quienes optaron por la decisión más sensata e impidieron que el desafortunado incidente entrara en la historia como uno de los más vergonzosos en la historia del deporte.
Aunque lo que si lograron los valencianos con su reclamo fue que el base armador mirandino, el gran protagonista del impasse, no pueda participar en el decisivo encuentro. Un dictamen que se podría considerar ambiguo y que causó confusión en todo el entorno de la liga, considerando que el embrollo se generó precisamente con la inclusión del menor de los hermanos Vargas en el juego anterior, en el que Guaros resultó victorioso.
Sin un comunicado oficial de la LPB, surgieron un gran número de interrogantes, que antecederán lo que sin duda será un desafío que en lo deportivo promete muchas emociones y paridad hasta el último segundo.
¿Qué ocurrió? Si no le fue confiscada la victoria a Guaros por alineación indebida y entregado el campeonato a Trotamundos ¿por qué Vargas no puede ver acción?
O si la acusación de los cabrialenses no contó con suficientes alegatos como para tener validez, ¿por qué no se decretó el forfait a Trotamundos y darle el título a Lara?
Ahora, salvo que haya sido un acuerdo entre equipos no incluir al jugador en la nómina a pesar de este contar con una medida cautelar proporcionada por un Juzgado Superior en lo Civil, Contencioso y Administrativo, hay que esperar si dicha decisión conlleva a consecuencias legales.
El reconocido abogado en derecho deportivo, Antonio Quintero, avisó un par de días atrás que no acatar una sentencia judicial se convertía automáticamente en un delito y los infractores podrían incluso ser privados de libertad.
Todas estas incógnitas probablemente no sean respondidas hasta el final de temporada o quizás nunca, lo único cierto es que esta situación llama a una profunda revisión y reflexión a todos los que de alguna manera están inmiscuidos en la realización de uno de los pasatiempos favoritos de los venezolanos, así como también a todas las demás disciplinas profesionales del país.
Caso Guaiqueríes
En la tarde ayer circuló una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en la que insta tanto al Ministerio de la Juventud y el Deporte como al Ministerio de Transporte Acuático y Aéreo a cumplir en un máximo de sesenta días continuos con la devolución del equipo Guaiqueríes de Margarita a su propietario original Rodolfo Tovar, quien desde el pasado 18 de abril contó con el fallo a su favor, pero que no había podido ejecutarse por la traba de unos trámites administrativos que ya fueron solventados.