La coordinadora médica de la atención domiciliaria de Diego Maradona rechazó responsabilidad en su muerte. La profesional afirmó que sus tareas eran meramente administrativas, en una declaración por escrito que presentó este lunes a la fiscalía. En el texto apuntó contra el médico de cabecera y la psiquiatra, investigados como ella por presunto homicidio del legendario exfutbolista.
Nancy Forlini, de 52 años de edad, compareció ante la Fiscalía de San Isidro, Buenos Aires, en donde ya declararon la semana pasada otros 3 de los 7 investigados. A los investigados se les acusa por homicidio simple con dolo eventual, un delito castigado con una pena de entre 8 y 25 años de prisión.
Ese cargo se aplica a una persona que no modifica su accionar pese a saber que puede tener un desenlace fatal.
La médica se amparó en su derecho de no responder preguntas y entregó un escrito a la fiscalía en el que explicó que su tarea en el caso de Maradona se limitaba a la gestión de las prestaciones. Estas las indicaba el médico de cabecera, Leopoldo Luque, y su psiquiatra, Agustina Cosachov, también investigados.
«Yo nunca tuve acceso a la historia clínica confeccionada por los médicos tratantes», sostuvo Forlini en el escrito, según citaron fuentes de la causa a la AFP.
Maradona se recuperaba en una casa del barrio privado San Andrés, Buenos Aires, de una cirugía de cabeza por un hematoma y otras dolencias. El astro argentino murió el 25 de noviembre de 2020 por una crisis cardiorrespiratoria.
La leyenda del fútbol mundial, que tenía 60 años de edad, falleció solo en su cama y tras horas de agonía, según un informe pericial. El informe concluyó que Maradona fue abandonado a su suerte y que su médico de cabecera aplicó un tratamiento inadecuado, deficiente y temerario.
Solo prestaciones
La médica explicó que su trabajo desde la empresa de salud Swiss Medical consistió en organizar un servicio de enfermería y de acompañantes terapéuticos con cobertura 24 horas para Maradona. Afirmó que Luque y Cosachov prescribían al paciente y negó que esos servicios puedan encuadrarse en una internación domiciliaria que debe cumplir los mismos cuidados que una internación hospitalaria.
«En este caso, quedó clarísimo que la solicitud era exclusivamente prestacional. Incluso siempre se puso a disposición del equipo médico tratante la posibilidad de realizar una internación, aún involuntaria, en caso de que la psiquiatra lo entendiera necesario», reportó Forlini en su escrito.
«La indicación a enfermería es que debían respetar las indicaciones de los médicos tratantes», explicó Forlini y aseguró que esas indicaciones se limitaban a suministrar la medicación.
La médica explicó que su contacto con Luque y Cosachov siempre fue telefónico y que nunca concurrió a la casa donde estaba Maradona y desconocía las características del lugar.
«Tampoco conocía al paciente, ni a las personas que lo rodeaban, mi contacto era con los prestadores, con la familia ocasionalmente y con los médicos tratantes», detalló.
«No se trataba de un servicio de internación domiciliaria a cargo de Swiss Medical, sino de prestaciones que variaban en función de lo que evaluaban los médicos», sostuvo.
Enfermeros
La fiscalía ya indagó a los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Madrid y al coordinador de ambos Mariano Perroni, todos subalternos de Forlini.
Los tres declararon que tenían indicaciones de no molestar ni despertar al paciente y apuntaron a la responsabilidad de los médicos tratantes. Su declaración la hicieron en alusión a Luque, Cosachov y al psicólogo Carlos Díaz, que deben declarar ante la fiscalía en audiencias previstas hasta el 28 de junio.
Los enfermeros explicaron que la casa alquilada para la recuperación del capitán del equipo campeón mundial en México-1986 no contaba con el equipamiento. Tampoco contaba con las comodidades adecuadas para atender al paciente.
Además de la convalecencia por la operación, Maradona sufría de otras dolencias y atravesaba en sus últimos días una abstinencia al alcohol.
También aseguraron que ninguno había sido notificado de que Maradona padecía cardiopatías.
Tras las declaraciones, la fiscalía pasará la causa al juez con la recomendación de procesar o sobreseer a los siete sospechosos.
Finalmente, después de un proceso que puede llevar meses y hasta años, el caso puede llegar a juicio oral.
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