La Guardia Civil ha registrado la sede de la Federación Española de Fútbol en una investigación por supuesta corrupción, informaron este miércoles fuentes judiciales, en un caso relacionado con el traslado de la Supercopa a Arabia Saudita.
Los agentes buscaban contratos irregulares concluidos en los últimos años durante la presidencia de Luis Rubiales, quien dimitió de su cargo el año pasado a raíz del escándalo por el beso forzado a la jugadora Jenni Hermoso.
«Estoy absolutamente sorprendido por todo esto», afirmó Rubiales en un mensaje a una periodista de la cadena Telecinco.
«Llevo meses trabajando aquí, en República Dominicana. Llevo más de un mes seguido. Y de hecho mi familia se iba a desplazar a pasar conmigo la Semana Santa», afirma el mensaje dado a conocer por la periodista Isabel Rábago.
El operativo policial está dirigido por un juzgado de Majadahonda, cerca de Madrid, que investiga los contratos para el traslado de la Supercopa de España a Arabia firmado por Rubiales en 2019.
Estos contratos han supuesto unos 40 millones de euros anuales o 43,3 millones de dólares para la RFEF y en el mismo actuó como intermediario Kosmos, la empresa del exfutbolista Gerard Piqué.
Investigan contratos amañados
Según las fuentes, la investigación tiene su origen en los contratos relacionados con Arabia, pero va más allá.
La operación, coordinada con la Fiscalía anticorrupción, se desarrolló en varios lugares de España, además de la sede de la RFEF, en Las Rozas, a las afueras de la capital.
«La RFEF ha ofrecido hoy toda la colaboración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a la justicia, tras el registro de su sede», informó la federación en un comunicado.
El ente federativo «ha apostado por una absoluta transparencia en la institución que dirige el fútbol en España», añadió la nota.
La RFEF mostró su profunda preocupación y considera que se debe llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación en marcha.
Varios detenidos
La intervención policial se enmarca «en una investigación vinculada a presuntos hechos delictivos asociados a la corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales», dijeron las fuentes judiciales.
En la operación han sido detenidas siete personas, entre ellas el asesor jurídico externo de Rubiales, Tomás González Cueto, así como los directores de los servicios jurídicos de la RFEF, Pedro González Segura, y de Recursos Humanos, José Javier Giménez.
El operativo incluyó varios registros de domicilios, entre ellos el que tiene Rubiales en Granada, en el sur de España.
Los agentes también han estado recabando información en el estadio de La Cartuja de Sevilla, donde el 6 de abril se jugará la final de la Copa del Rey.
Los registros en la sede de la RFEF se han producido mientras está allí concentrada la selección española con vistas a sus dos partidos amistosos contra Colombia el viernes y Brasil el martes, aunque sus jugadores no han visto alterada su rutina.
Denuncia
La investigación por el traslado de la Supercopa de España a Arabia arrancó tras la denuncia presentada en 2022 por el presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol en España, Miguel Galán, contra Rubiales y Piqué.
En esa querella, en la que reproducía informaciones de prensa, Galán afirmaba que Rubiales y Piqué acordaron un plan para lucrarse con 24 millones de euros (26 millones de dólares) en contubernio y a costa de la RFEF.
Galán denunció así que habrían pactado una comisión por celebrar la Supercopa de España en Arabia.
En la demanda también se pedía investigar si Rubiales había pagado con dinero federativo un viaje de ocio a Nueva York en 2018.
Rubiales siempre defendió la legalidad de los contratos para llevar la Supercopa a Arabia, y rechazó el pago de cualquier tipo de comisión.
«La Federación no ha pagado, ni paga, ni pagará un solo euro en comisión a nadie por esta operación», afirmó Rubiales en 2022.
El propio Gerard Piqué aseguró unos días antes de esas declaraciones en una rueda de prensa que «todo lo que hemos hecho es legal y no ha habido conflicto de intereses».