El empresario venezolano Ricardo Albacete Vidal demandó por 13 millones de dólares a la aerolínea boliviana LaMia y a una firma de seguros, debido al accidente de avión que sufrió el equipo brasileño Chapecoense hace dos años, en Colombia.
«No queremos más alegaciones dilatorias, simplemente pretendemos que la empresa LaMia, junto con su aseguradora Bisa, cumplan con las prestaciones de seguros otorgados dentro de las pólizas de aeronavegación», dice el alegato presentado por Albacete Vidal que reveló este martes el diario El Deber, de la ciudad de Santa Cruz, Bolivia.
Según el escrito presentado ante un juez civil de Santa Cruz, donde LaMia tiene sus oficinas, la demanda obedece a daños y perjuicios por 13 millones de dólares, acotó el periódico.
Albacete Vidal, radicado en España, se considera el único propietario legal del jet Avro RJ85 que se accidentó en tierras colombianas, así como de otras dos naves similares que se encuentra retenidas en Bolivia y que habían sido arrendadas a LaMia.
El 28 de noviembre de 2016, el avión de LaMia se precipitó poco antes de llegar al aeropuerto colombiano José María Córdova con la delegación del Chapecoense, que viajaba para disputar su primera final internacional ante Atlético Nacional, por la Copa Suramericana.
En el accidente murieron 71 personas, entre ellas 19 jugadores, 14 miembros de la comisión técnica y nueve directivos del club brasileño. Solo seis ocupantes sobrevivieron: una azafata, un técnico de aviación, un periodista y tres jugadores. Una investigación de autoridades colombianas concluyó que la nave cayó por falta de combustible.
La empresa de seguros BISA había indicado que la cobertura de la póliza fue rechazada y que la nave, el día que sufrió el siniestro, no contaba con un seguro vigente. Por su lado, LaMia fue intervenida por la justicia y dejó de realizar operaciones aéreas.
Figuraban como representantes de LaMia los pilotos bolivianos Alejandro Quiroga, muerto en el accidente, y Marco Antonio Rocha, actualmente prófugo.
Los familiares de las víctimas del accidente presentaron en octubre, también en Bolivia, una demanda en contra de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros para evitar que caduque la posibilidad de cobrar la indemnización.