El gobierno regional de Cataluña se apresta a celebrar el próximo 1 de octubre el referendo de independencia prohibido por la justicia española.
El Tribunal Constitucional declaró ilegal la votación y el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha asegurado en repetidas ocasiones, que los catalanes no tienen derecho a votar sobre la independencia porque, como señala la Carta Magna, »la soberanía nacional corresponde al conjunto de los españoles».
Según las tesis del ejecutivo y de la corte constitucional, los habitantes de una parte del territorio no pueden decidir unilateralmente la secesión. Una decisión así debería ser tomada por todos los ciudadanos del país.
Sin embargo, hay voces de españoles fuera de Cataluña que defienden que los catalanes decidan en las urnas su futuro y se muestran a favor del llamado «derecho a decidir» que invocan los partidarios del plebiscito.
Después de que el pasado día 20 de septiembre un juez ordenara detener a miembros del gobierno catalán implicados en los preparativos del referendo, además de en el territorio de Cataluña, también se produjeron manifestaciones en ciudades como Madrid y Valencia.
La concentración de Madrid tuvo lugar en la emblemática Puerta del Sol, la plaza en la que se produjeron las masivas movilizaciones del movimiento 15-M, que en 2011 surgió para exigir el fin de la corrupción y la regeneración del sistema político en España.
De aquel movimiento nació el partido izquierdista Podemos, que se muestra partidario del derecho a decidir de los catalanes y censura lo que califica como «inmovilismo» del gobierno español.
Podemos defiende que Cataluña siga formando parte de España, pero sostiene que esa es una decisión que los catalanes deben tomar libremente mediante un referendo.
En conversación con la BBC, Gloria Elizo, diputada de este partido en el Congreso español, afirma que «cada vez más españoles asumen que hay una crisis territorial y cualquier demócrata entiende que la única solución a este conflicto es una votación con garantías».
Podemos, no obstante, está en contra de la votación del 1 de octubre porque dice que no reúne esas garantías necesarias ni ha sido pactado con el estado.
«Ni el Gobierno ni el independentismo está en condiciones de resolver el problema; estamos ante un conflicto bloqueado», señala Elizo.
Simpatías en Madrid
Al margen de la política institucional, también han surgido plataformas que apoyan la reclamación de los partidarios de la autodeterminación de Cataluña. Es el caso del colectivo de Madrileños por el Derecho a Decidir.
«El gobierno español tiene la obligación de respetar este legítimo derecho y favorecer que la consulta se realice con plenas garantías democráticas», proclama el manifiesto de este colectivo, que estos días lleva a cabo diversas iniciativas en la capital de España en apoyo del referendo prohibido.
También están quienes, a pesar de apoyar que los catalanes voten sobre la independencia, censuran la actuación de la Generalitat, el Gobierno autónomo de Cataluña.
El cineasta Fernando Colomo es uno de ellos. «Estoy a favor de un referendo, pero uno con garantías, que sea debidamente preparado y con información para los ciudadanos», le dijo al diario británico The Guardian.
Colomo firmó, junto con otras personalidades un manifiesto en contra de la votación del 1-O y la actuación del gobierno catalán. «Lo que están haciendo es firmar un cheque en blanco sin saber a dónde nos llevará».
Su pronóstico es que «será un desastre que afectará a todo el país».
Los apoyos al referendo que el presidente catalán, Carles Puigdemont, intenta llevar a cabo desafiando a las autoridades españolas llegan siempre de las posiciones más a la izquierda del arco político.
Una de sus figuras más respetadas, Julio Anguita, líder durante años de la coalición Izquierda Unida, se ha pronunciado en varias ocasiones sobre el conflicto catalán, del que culpa tanto a los dirigentes estatales en Madrid como a los nacionalistas en Barcelona.
Ya en 2015 advirtió de que «este problema se viene cocinando porque nunca se ha querido abordar el problema del estado plurinacional español».
El histórico dirigente de izquierda lamentó la falta de «inteligencia política» y «valor cívico» entre los gobernantes españoles, porque, en su opinión, el problema se podría solucionar muy fácilmente.
«Bastaría hacer una consulta al pueblo catalán, pero advirtiendo de que la independencia implicaría que habría unas fronteras, que saldrían de la Unión Europea, y que el Barcelona ya no jugaría en la liga española de fútbol».
Si tuvieran claro todo lo que acarrearía la separación, Anguita está seguro de que «elegirían seguir en España», pero añade que «a la gente hay que preguntarle».
«Y si optan por la independencia, eso es sagrado», concluye.
El ejemplo de Quebec y Escocia
Quienes abogan por la celebración de la consulta, esgrimen los ejemplos de Quebec en Canadá y Escocia en Reino Unido, donde se celebraron votaciones sobre la independencia.
Sus detractores aseguran que esos ejemplos no son aplicables a España, cuya Constitución proclama «la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles».
A pocos días del 1-O, la tensión alcanza niveles máximos en Cataluña. La Generalitat sigue adelante con su convocatoria de referendo, mientras el gobierno español ha desplegado un operativo policial sin precedentes en democracia para impedirlo.
En las últimas horas, incluso, el fiscal general del estado, José Manuel Maza, ha abierto la puerta al arresto de Puigdemont, que insiste en hacer caso omiso de las resoluciones de los tribunales.
Elizo explica que «el gobierno central quiere impedir a toda costa que se vote y el gobierno catalán quiere que se vote a toda costa».
La dirigente de Podemos afirma: «Espero que no haya violencia, pero la polarización es total».
En la misma línea se expresó en las páginas del diario El País de España el historiador catalán José Álvarez Junco, autor de varios libros sobre los fenómenos de la nación y el nacionalismo: «Esperemos que no haya que lamentar desgracias irreparables».
